RICHARD LIZÁRRAGA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó y dio trámite a la controversia constitucional propuesta por el gobierno municipal de Culiacán que rechaza aplicar de manera “generalizada” los descuentos en el agua para consumo humano contemplado en una reforma realizada por el Congreso Local a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.
El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro informó en sus redes sociales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante acuerdo, admitió el lunes, la controversia constitucional promovida contra el Decreto Legislativo número 74, a través del cual se reformó el Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.
Explicó que será hasta que la SCJN resuelva el expediente 58-2022, que se determinará si son constitucionales o no las reformas que dieron paso a los descuentos del agua potable para jubilados, adultos mayores y discapacitados.
El presidente municipal recordó la ciudadanía que “esto es para generar un ahorro y aprovecharlo en el mantenimiento de JAPAC, pues el hacer descuentos a personas que realmente no lo necesitan, suma alrededor de 200 millones de pesos anuales, que podrían invertirse en el bienestar del pueblo”.
Con la admisión de la Controversia Constitucional la SCJN inicia el análisis de la reforma al artículo 50 de la Ley de Agua Potable “impugnada” por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. La controversia es un recurso jurídico-constitucional del que se hace uso para determinar si una reforma a la ley o la ley en sí viola la Constitución General de la República.
Estrada está obligado a dar
descuentos: gobernador
Tras conocer el fallo, en la instancia de admisión de la controversia constitucional por parte de la SCJN, el gobernador Rubén Rocha Moya lamentó que el alcalde de Culiacán lo haya celebrado y continúe sin dar apoyos a la gente «amolada, empobrecida y vulnerable».
Señaló que mientras no se le otorgue la razón, el presidente municipal de Culiacán sigue obligado por ley a dar los descuentos de este servicio a los adultos mayores, discapacitados, jubilados y pensionados, puesto que fue una reforma que hizo el Congreso del Estado.
“Él está obligado a dar los descuentos por ley, si tanto acude a la legalidad a la Corte, ¿por qué no cumple a la legalidad de su Congreso?, ese que le emitió una ley para que les descuente”, refutó.
Rocha Moya agregó que, si Estrada Ferreiro tuviera un poco de prudencia, no hubiera interpuesto esta controversia ante la Corte y en contraparte hoy está feliz que se le admita.
Señaló que las consecuencias deberán definirse en el Legislativo dado que Jesús Estrada está incumpliendo un mandato y serán los diputados quienes deben llamar a cuentas a aquellos funcionarios que incumplen la ley.