La cuasi militarización de Culiacán

Álvaro Aragón Ayala 

El operativo militar en el poblado Jesús María, Culiacán, despidió el tufo de la Operación Cóndor y envió la lectura del ensayo de una nueva estrategia de cero abrazos contra los grupos de traficantes de drogas. La violenta incursión en la comunidad serrana derivó en el blindaje y la cuasi militarización de Culiacán.   

La Operación Cóndor, operativo militar y de agentes federales en la zona del Triángulo Dorado desarrollado entre los años 1977 y 1983, pese a que devastó pueblos enteros, no acabó con la siembra de mariguana y amapola en la sierra. En la Cóndor participaron mil 200 soldados que establecieron sus bases en Choix, San José del Llano, Tamazula y Badiraguato. 

La expedición militar en Jesús María en la que se detuvo a Ovidio Guzmán radicó en la necesidad de presentar a los Estados Unidos al capo de tutti capi como pieza, como una carta de buena voluntad de México en las tareas de combate al crimen. De paso, el operativo de detención de Ovidio desnudó el sistema estatal en materia de prevención y contención de delitos. 

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Con Ovidio Guzmán en la cárcel, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estadounidense Joe Biden, en una reunión bilateral celebrada en Palacio Nacional, acordaron interrumpir el suministro de precursores químicos que se usan para fabricar fentanilo, prevenir el tráfico de armas y personas y mantener una mayor cooperación para castigar a narcotraficantes y redes del crimen organizado. 

Aunque el arresto de Ovidio no significa el desmantelamiento de la estructura productiva de droga ni la destrucción del aparato criminal del cartel, la reacción violenta del grupo delictivo que secuestró la capital de Sinaloa, bloqueo carreteras y quemó decenas de vehículos, facilitó al ejército entrar a la fase de la cuasi militarización de Culiacán. 

La fuerte presencia aérea y terrestre y el desarrollo de tareas de inteligencia en Sinaloa para evitar la emigración de delincuentes hacia otros estados, manda la lectura a la sociedad de que el gobierno federal-Estado redefinió el combate al crimen y de que Jesús María fue laboratorio militar para desarrollar otras ofensivas artilladas contra los grupos delictivos. 

La paradoja estriba en que la “Operación Cóndor” no logró acabar con la siembra y tráfico de drogas pese al reguero de muertos y de victimas “colaterales” que dejó en las comunidades serranas y en Culiacán y en que la nueva incursión militar no es acompañada de novedosas políticas de seguridad y de asistencia gubernamental de gran calado para contrarrestar el fenómeno del narcotráfico. 

Queda claro que los carteles de la droga no luchan exclusivamente por territorios o por el control del poder político, sino van más allá, ya que dentro de sus metas se encuentra condicionar u obligar a los actores municipales a trabajar por ellos o para ellos o para que mantengan una actitud de sumisión para que no los molesten ni toquen sus intereses. El crimen violento representa una amenaza la seguridad, el desarrollo y la estabilidad de las democracias.