Alvaro Aragón Ayala.
La Ley de Educación Superior del Estado, aprobada el miércoles por diputados de Morena y los morenizados legisladores del PAN y del PRI, es irruptiva, atenta contra las autonomías de las universidades públicas y las inhabilita, impidiendo que, en apego a sus propias autonomías, realizar en su interior, los campus universitarios, consultas para procesar reformas a sus propias Leyes Orgánicas. Con la ley de marras se pretende facilitar al Congreso y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura tomar el dominio total de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma Indígena de México y la Universidad Autónoma de Occidente.
Bautizada como la “Ley Morena” porque fue confeccionada por diputados de este partido como instrumento para tomar por asalto y secuestrar a las Universidades Públicas Autónomas y admitida por la vía rápida por el bloque Morena-PRI-PAN, la ley especifica, en abierta violación a las autonomías universitarias, que “toda consulta a que se refiere este artículo ( 3°), será convocada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que considere pertinente en pleno respeto de lo establecido en la fracción VII del artículo tercero Constitucional”.
Así, las Universidades Públicas estatales gozarán de una autonomía sin autonomía al impedírseles modificar sus leyes internas-orgánicas. La “Ley Morena”, además, le permite al Congreso del Estado cooptar a los gobiernos internos de la Universidades autónomas, involucrarse en la modificación de sus planes y programas de estudio, incluso en los procesos de ingresos, promoción y permanencia de su personal académico”.
La “Ley Morena” contiene más de 20 artículos que facultan al Congreso del Estado, vía las instituciones del gobierno estatal -principalmente la SEPyC-, a crear organismos que, de formarse, tendrían una injerencia directa en la vida interna y el control de las tres universidades públicas de Sinaloa. Así, el Congreso-SEPyC cogobernarían las instituciones de educación superior restándoles autonomía y minándoles autoridad para gobernar las universidades. En este sentido, la Ley de Educación Superior del Estado es anticonstitucional, porque, obviamente, viola la Constitución y la Ley General de Educación Superior bajo la mascarada de respeto a la autonomía universitaria.
La “Ley Morena” fue creada con dos propósitos: contar con una herramienta jurídica para irrumpir en los campus con el fin de mutilar las autonomías de las universidades creando controles institucionales externos y permitir a la vez al Congreso Local manipular consultas universitarias, organizadas extramuros, desde afuera, para crear leyes Orgánicas Externas para las institucionales autónomas y meterlas en la dinámica de adoctrinamiento ideológico y regresarlas a la era del populismo universitario.
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