Eduardo Sánchez Encinas
El compromiso del Presidente de la República restaura la esperanza de la justicia para una familia duranguense que había perdido a manos de policías de Sinaloa a dos jóvenes mujeres
Por más de un año y medio parecía que se impondría la impunidad. Tras un atorón amigable al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su paso entre Durango y Sinaloa por fin hubo una respuesta.
El Gobernador Quirino Ordaz Coppel obligado por las circunstancias levantó el manto protector a los policías estatales que aparentemente dispararon aquella noche contra un grupo de jóvenes que viajaban en un vehículo gris la madrugada del 27 de enero del 2020.
Andrea y Carolina tuvieron una muerte de balas, pero también de confusión y error policiaco. Su última sonrisa fue en la Presa de Sanalona en el Municipio de Culiacán. Disfrutaron el famoso Templete.
Dulce y Julio, secuestrados por horas, pudieron ser escuchados. A ellos no les tocaba. La mano de López Obrador empujaba a la comprometida policía estatal de Sinaloa.
La versión de la hoja en blanco
Tal vez fue suerte o simplemente su instinto natural de agacharse lo que la libró de las balas de 20 policías estatales de Sinaloa.
Dulce estaba dentro de una pesadilla sin apenas saberlo. Disfrutaba su estancia en el conocido Templete de la Presa Sanalona en Culiacán y ese 27 de enero del 2020 en la madrugada las balas ya rozaban su vida en el camino a casa.
“Estábamos sentados en el templete, ahí en donde está la presa. Y dijimos pues ya es noche, ya vámonos a la casa y nos subimos al carro. Y lo que recuerdo cuando ya veníamos bajando por la carretera, por la bajadita, escuchamos que nos empezaron a tirar. Se escuchaba así como las balas en el carro..”, cuenta Dulce.
Apenas y pudo darse cuenta de la dimensión de la tragedia. Sus primas no habían bajado del automovil cuando se detuvo y no respondieron más a su llamado. Andrea pendía de un hilo de vida que 21 minutos después abandonaría su cuerpo al desangrarse. Carolina ya había partido. El freno paró el vehículo cuando Julio César escuchó una voz que decía “me dieron”.
“Ya después el carro se paró y nos bajamos mi primo y yo y mis primas no se bajaban y me subí al carro para decirles que se bajaran..Y no me respondían”, recuerda.
De inmediato fueron por ellos. Cayeron como la noche. Sabían hacerlo. Era el grupo Élite de la Policía Estatal a cargo del Comandante Níquel.
“Una de las policías me sacaron de ahí y…me subieron a un carro a Julio y a mí y nos llevaron a muchas partes…En ningún momento traíamos armas…nomás veníamos nosotros cuatro…”, asegura.
La historia de lo sucedido esa madrugada no la registró el perito de la FGE. Solo se llevó un papel firmado en blanco.
La versión Castañeda
Sin duda, desde el primer momento el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristobal Castañeda Camarillo, se mostró como el encubridor. El protector. Había dicho que fue un enfrentamiento con personas armadas. Se intentó alterar la escena y se sembraría un arma de fuego.
Las versiones querían confundir la realidad. De lo que no parece haber duda es que las balas que le quitaron la vida a las jóvenes de Durango, Andrea y Carolina, y que eran familiares del Gobernador de ese estado José Rosas Aispuro Torres, fueron disparadas por los policías sinaloenses.
Una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado fue el primer rastro de que se intentaba dormitar el caso arropado en la impunidad.
Sin embargo de pronto hubo rapidez. El disparador fue el bloqueo que sufrió el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el 30 de julio de este año tras su paso para llegar a Tamazula, Durango donde inauguraría una base de la Guardia Nacional.
Ahí familiares y amigos de las jóvenes Andrea y Carolina, interrumpieron el paso al convoy en el que también viajaban el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el electo Rubén Rocha Moya, para reclamar justicia.
Se dice que tuvo que “apearse” Ordaz Coppel y comprometerse a atender el caso con el Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo. Había sido una instrucción del Presidente.
La presión social tenía eco en López Obrador.
Viró la tuerca
La respuesta de la FGE se dio el 27 de agosto del 2021 en el boletín 164/ 2021.
Ahí se informaba que “Luis Antonio “B”, agente de policía preventiva estatal imputado por la Fiscalía de Sinaloa en la causa penal 100/2020, fue vinculado a proceso como presunto responsable en delitos de homicidio cometidos en 2020, hechos en los que perdieron la vida 2 jovencitas originarias de Tamazula, Durango”.
Y agregaba: “El servidor público fue detenido con base en el cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de los hechos ocurridos el 27 de enero del 2020 en la sindicatura de Sanalona, en los que fueron privados de la vida Ana Carolina “A” y Andrea Candelaria “A”, mismos en los que resultaron lesionadas dos víctimas más”.
La inconformidad de familiares de las víctimas podría bajar ante lo descrito por la FGE.
“Los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, peritos y policías arrojaron los datos de prueba necesarios para ejercer acción penal, por lo que la Fiscalía de Sinaloa solicitó órdenes de aprehensión en contra de 4 servidores públicos por los delitos de homicidio calificado con ventaja, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos.
Se solicitó además una orden de aprehensión por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, en agravio de la procuración y la administración de justicia del estado y del servicio público respectivamente”, establece la FGE.
Es el comandante que aquella madruga del 27 de enero del 2020 estuvo a cargo del convoy policiaco.
