María Margarita Free del Castillo
El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, a quien la clase política sinaloense posa como el tenebroso, intrigante e incompetente del Tercer Piso, quedó maltrecho al operar con su hígado cirrótico el cese del secretario de Salud con un ridículo y estúpido pretexto: dos viejas demandas, una declarada incompetente, que años atrás Héctor Melesio Cuén Ojeda interpuso en los tribunales legales en defensa de su honor y el de su familia.
Que “esta administración se rige en el respeto a la libre expresión de los periodistas y por tal motivo se actuó en consecuencia”, dijo el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, demandado por acoso sexual por la juez Ana Karina Aragón. Y si demandas pasadas se trata, también debería ser destituido Enrique Inzunza Cázarez. Aleluya: todo aquel que defienda su honra no merece estar en el gabinete estatal. Neta.
1.- En el 2016, Héctor Melesio Cuén Ojeda presentó una querella contra el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, que no procedió o que se “canceló”. Haiga sido como haiga sido, el caso es que la demanda no existe. Después de ese litigio, el creador del Partido Sinaloense se hizo muy amigo de Luis Enrique, quien tenía graves problemas de adicciones. Se convirtió en su apoyo económico y en su “orientador” buscando su rehabilitación.
2.- En el 2018, Cuén Ojeda interpuso una demanda civil en defensa de su honra contra la perredista María Teresa Guerra Ochoa (La Tere), quien, desde que se jubiló de la UAS, inició contra él una campaña de difamación y calumnias. Tere demandó penalmente, con datos falsos, cuando menos en dos ocasiones, a quien fuera dirigente del PAS, y construyó falsos montajes “informativos” tratando de deshonrarlo.
Esa demanda sigue viva porque Tere Guerra contrademandó. Para retirar la querella, era necesario que la hoy titular de la Secretaría de la Mujer la cancelara primero, porque de lo contrario quedaría vigente nada más la de ella. Cuén Ojeda no demandó a Tere Guerra por sus expresiones que vertía no en calidad de “periodista”, sino de activista del PRD, partido del que fue diputada, aparente “luchadora social” y abogada. No es periodista. Es opinóloga y “bocona”.
Como si fuera un delito buscar por la vía jurídica la protección de la honra o como si se tratara de un atentado a la libertad de expresión (el presidente de la Asociación de Periodistas, Juan Manuel Partida, dijo que Tere Guerra no es periodista), Enrique Inzunza dijo que Cuén Ojeda – fue removido del cargo por no retirar la demanda que tenía en contra de periodistas. Qué decisión tan absurda.
El propio Enrique Inzunza, en una entrevista difundida por Los Noticieristas, confesó que una de las denuncias fue declarada incompetente por la autoridad judicial. O sea que ¡ya no existía! y por esa razón Cuén Ojeda no tenía por qué retirarla ya que estaba en el archivo, lista para su trituración. La Tere Guerra es harina de otro costal.
La ex diputada del PRD es todo menos periodista. Es abogada, “traficante” de demandas laborales, perredista que ahora se tapa con el reboso de Morena, litigante y representante de “colectivos feministas” que algo ha de haber hecho a favor de Rubén Rocha Moya porque la nombró titular de la Secretaría de la Mujer, la cual convirtió en la Secretaría de las Lamentaciones.
Las querellas fueron presentadas en el 2016, una, y la otra en el 2018, y la elección de Rubén Rocha Moya fue en el 2021. Ni antes ni en plena jornada electoral se vio a Cuén Ojeda como enemigo de los periodistas. Tampoco esas demandas fueron motivo para vetar la alianza electoral PAS-Morena. El pretexto que agarró Enrique Inzunza para “fundamentar” la destitución de Cuén Ojeda fue demasiado estúpido, “atole con el dedo” diría el periodista Juan Manuel Partida porque se mandó el falso mensaje de que el gobierno estatal de la 4T quiere y respeta a los periodistas.
El secretario general de Gobierno le vendió la idea a Rubén Rocha de que la sociedad y los periodistas verían con gusto que se honrara la memoria de Luis Enrique Ramírez, tomando una decisión de esta naturaleza, sin reparar que el lucro político del crimen solo generaría el rechazo de los sinaloenses. O sea que el tiro le salió por la culata.
En su apresuramiento por “correr” a Cuén Ojeda del gabinete, Enrique Inzunza metió en un lío gordo al gobierno estatal usando el asesinato del Luis Enrique Ramírez como escenario “clave”. El gobierno federal informó que el crimen no fue perpetrado por el ejercicio periodístico (todo apunta hasta ahora que fue por motivos pasionales o de drogas) y de que ya están identificados los autores del homicidio.
La sola mención de que el asesinato no fue por motivos periodísticos enloqueció a Enrique Inzunza Cázarez que mandó a la titular de Fiscalía Sara Bruna a desmentir a la autoridad federal, a intentar echar abajo a la versión federal analizada en Palacio Nacional y difundida en “La Mañanera”, la cual no conviene a los intereses políticos ni mediáticos del secretario general de Gobierno.
La jueza acosada y Enrique Inzunza
El 31 de abril del 2019, la jueza adscrita al Juzgado Primero de Control y Enjuiciamiento Penal en el sur de Sinaloa Ana Karina Aragón, quien en abril de 2018 denunció por acoso sexual al entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, habló por vez primera públicamente en Mazatlán ante los medios de comunicación.
La nota periodística escrita por Ricardo Rojas recorrió el estado y el país. Aquí el texto:
La jueza dijo ser blanco de la violación a sus derechos laborales como servidora pública y hasta en su vida personal, y muestra de ello, es que este jueves sin documento oficial, ni por escrito, le retiraron su escolta, que le asignaron en agosto del año pasado, derivado de esa denuncia y que la Fiscalía solicitó al director de Protección a víctimas del Gobierno y seguridad pública, para su persona, lo cual hoy ya no tiene.
“Lo que pasa es que ahorita no hay un dato objetivo que a mí me esclarezca que fue mi superior el Magistrado Presidente quien esté realizando estos actos en represalia de mi persona. Lo único que tengo como dato general, objetivo; es la orden infundada de la administradora que depende básicamente de él, que fue quien me corrió a la escolta”, dijo.
Ana Karina Aragón explicó que desde el 24 abril de 2018 cuando puso la denuncia contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por el presunto caso de acoso sexual, comenzó a sufrir todo tipo de presiones, donde incluso sus mismos compañeros se pusieron en su contra, y se vio obligada a otorgar el perdón, y pese a los acuerdos, el indiciado ha incumplido.
“Realmente la carpeta se cerró pues porque a mí no me dieron más opción, este señor pues sí se estuvo moviendo por cielo, mar y tierra. Vino a Mazatlán, fue a mi domicilio, a casa de mis padres, se introdujo a casa de mi abuela, fue y buscó al hermano de mi papá que es Notario Público en Culiacán, entonces el busco la manera. Yo fui a otorgarle el perdón, no cerró por falta de elementos a procesar, jamás. El perdón está en el juicio de amparo donde yo lo otorgue el 11 de julio de 2018, y por ello salieron muchos boletines, salió en El Universal que la carpeta se cerraba por el perdón de la ofendida, nunca por falta de pruebas”.
Indicó que el 3 de mayo por órdenes de la administradora adscrita al juzgado de primera instancia de control y enjuiciamiento determinó retirarle su escolta, y este jueves el comandante Alex Lizárraga fue quien le notificó esta decisión, por ello responsabilizó al secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, de lo que a ella le pueda suceder.
“A estas alturas sí tengo miedo, porque realmente estoy ante personas sumamente poderosas porque una persona en sus cinco sentidos que conoce la ley, no actúa de la forma en cómo se me privó y como se me quitó a la escolta el día de ayer. Bajo ningún argumento, nada más el argumento fue expreso del comandante que le mencione, hay fotografías en donde está en mi oficina con su camiseta de Seguridad de Seguridad Pública, donde la orden meramente de su superior, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Cristóbal”.
La jueza admitió que los últimos meses han sido críticos para ella tanto en la personal como en lo laboral, y lo más fuerte en estos momentos, a raíz de quedar desprotegida, determinó separarse de su hija, a fin de que no vaya a ser víctima colateral. Además de que hoy está incapacitada por cuestiones de salud, debido al estrés será cometida a una operación
“Me desaparto de mi menor hija, por qué, pues porque si temó por mi vida, por todas estas circunstancias y en este acto públicamente de cualquier circunstancia que me pase, a partir de este momento, yo culpo, señaló directamente al señor secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Cristóbal, porque, pues tengo el temor fundado que todo sea un complot, todo va y recae a lo mismo, en donde me dejan en estado de indefensión”, indicó.
Apuntó que interpuso un juicio de amparo en el Juzgado Octavo Distrito, acto de orden infundada, donde el juez ordenó que se le dejará al elemento, cosa que no se acató pese a ser orden federal.
Recordó que 12 noviembre de 2018, en su sala de audiencias, un penitenciario se metió y sacó un arma punzocortante, metiéndose a la sala B, donde a toda costa se vio que el reo iba con mira de matar a alguien, y fue su escolta fue quien sometió al sujeto reo y se le abrió proceso en grado de tentativa.
MUJERES POR SINALOA