La perversidad de Fiscal

ÁLVARO ARAGÓN AYALA 

El gobernador electo Rubén Rocha Moya confirmó lo que se escribió en Proyecto 3, La Catedral y Expediente27: la salida del Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo, pero hasta el día 15 de noviembre, aunque el futuro jefe del ejecutivo estatal no habló sobre la cantidad que exige para abandonar el cargo. 

En los círculos del Poder califican el desempeño de Ríos Estavillo como irresponsable, muy pobre y de perverso y se le acusa del desmantelamiento de la Fiscalía y de la Policía Ministerial.    

El futuro mandatario estatal dijo que ya está pactada la salida anticipada del Fiscal General del Estado. “Mi reconocimiento al fiscal, tengo un acuerdo con el fiscal que lo hemos trabajado juntos el gobernador actual y su servidor con él de que vamos a cambiar; a pesar de que no concluya su periodo de manera constitucional se puede terminar de manera voluntaria”, señaló. 

Agregó que el fiscal presentará su renuncia voluntaria y el Congreso y el Consejo Estatal de Seguridad Pública iniciarán el proceso para la elección del nuevo fiscal. El plazo de la renuncia es el 15 de octubre y el del relevó se fijó para mediados del mes de noviembre. 

De manera perversa, en funciones de Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo armó una conspiración jurídica-penal para desacreditar y destituir al entonces presidente de la Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez. El complot gozó del apoyo de la corte de adulación del área de comunicación del gobernador Quirino Ordaz Coppel. 

En la conspiración, Inzunza Cázarez fue víctima de hostigamiento constante. Un grupo armado, en una acción tipo policial lo asaltó: la versión que se difundió fue de que se trató de un robo violento de su camioneta, pero en realidad lo que pretendía el comando armado era quitarle o robarle el celular para ver si encontraba elementos para intentar agregar textos o fotos al escándalo perverso que se tejió en su contra.  

En Proyecto 3, La Catedral y Expediente27, el 29 de septiembre se reveló que la renuncia obligada o negociada de Juan José Ríos Estavillo a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa era un hecho consumado sólo que fijó como plazo el 15 de octubre para entregar la dependencia a fin de tener la oportunidad de armonizar los estados contables-administrativos de la desmantelada institución. Ríos pretende obtener una “indemnización exagerada” por el pírrico desempeño de sus funciones.

Del 15 de octubre al 15 de noviembre, el Congreso Local y el Consejo Estatal de Seguridad Pública deberán procesar el relevo en la Fiscalía. Aspirantes al cargo ejercen «presión mediática» para ser tomados en cuenta, pero el gobernador electo Rubén Rocha Moya cuenta con los expedientes o trayectorias de cada uno de ellos, algunos sin posibilidad incluso para ocupar una simple agencia del ministerio público.

El paso de Juan José Ríos Estavillo por la FGJE es catastrófico: aprovechando la coyuntura del nuevo sistema o modelo de justicia penal y la transición de Procuraduría a Fiscalía General Justicia, la Fiscalía de marras fue desmantelada; Ríos Estavillo desapareció agencias del Ministerio Público en la mayoría de los municipios de Sinaloa, atomizó y casi redujo a la nada Policía Ministerial: los agentes investigación criminal se “esfumaron” por la magia burocrática que priva en la dependencia. Es tenso el ambiente de trabajo en la FGJE. 

“Congeló” Estavillo denuncia 

sobre el estadio Kraken 

Para proteger al gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Fiscal Juan José Ríos Estavillo “congeló” la denuncia que presentaron el pasado mes de abril las diputadas de Morena, Graciela Domínguez Nava y Yeraldine Bonilla Valverde, por probables actos de corrupción en la construcción y cesión a un particular del estadio de futbol Kraken 

La acusación fue presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el subsecretario de Administración del Estado, Ismael Carreón Ruelas, para la vinculación del gobernador Quirino Ordaz Coppel. 

En los momentos de presentar la denuncia, Domínguez Nava dijo que, como presidentas de las comisiones de Fiscalización y Juventud y Deporte, desde 2019 se había documentado que la inversión de recursos públicos para la construcción de este estadio era insultante, por lo que pidieron a la FGE inicie la investigación a la persona que firmó el contrato de administración que se signó entre Gobierno del Estado y el Grupo Salinas. 

La presidenta de la Comisión de Fiscalización aludió que la Auditoría Superior del Estado no hizo nada al respecto, pues lo único que detectaron fue que no se conoce a los propietarios del terreno donde se construyó el inmueble, por lo que han decidido que intervenga la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. 

Domínguez Nava agregó que esperan que la autoridad a la que hoy se acercan investigue los más de 700 millones de pesos invertidos en la construcción de un estadio y, además, la licitación que gobierno lanzó en marzo para continuar invirtiendo en la construcción de una unidad deportiva, pues ésta forma parte de los requisitos de la Federación Mexicana de Futbol.

En una entrevista de Anabel Ibáñez y publicada por Río Doce, la presidenta la diputada (entrega el cargo el 1 de octubre), Graciela Domínguez Nava, al opinar sobre el reciente contrato de 15 millones que celebró la Secretaría de Turismo con la empresa de Ricardo Salinas Pliego por publicidad en el estadio Kraken, declaró que se siguen tomando decisiones que ratifican que lo que está en el fondo es el negocio. 

Señaló que no se están tomando decisiones pensando en cómo beneficiar a la población sinaloense. 

«Existen datos muy claros de cómo se ha invertido demasiado en publicidad, además de que el estadio de futbol profesional de Mazatlán es un inmueble que se hizo con inversión pública para dárselo a un privado», puntualizó. 

Dijo que la contratación de publicidad en el Estadio Kraken muestra que se le sigue dando dinero público al mismo negocio privado y consideró que consideró que la contratación no es una decisión acertada por parte del gobierno estatal que deja en claro el interés de seguir haciendo negocios al amparo de los recursos públicos.