Alvaro Aragón Ayala.
¿Qué gana el gobierno de Rubén Rocha Moya con la criminalización de Héctor Melesio Cuén y su familia? La pregunta no es ociosa ni tirada al vacío porque hasta ahora la persecución y el linchamiento de la vida pública y privada de los Cuén tiene la arista del totalitarismo. El gobierno estatal concentró todo su poder y sus esfuerzos en la lapidación del fundador del Partido Sinaloense, su esposa, sus hijos y sus parientes más cercanos.
La embestida sólo contra la familia Cuén ofrece la percepción de que Sinaloa está en manos de un gobierno represor, dado a la persecución y la judicialización, acciones que emplaza únicamente contra quien consideran incómodo a los proyectos políticos personales del grupo empotrado en el Poder, olvidándose de la atención de los problemas más graves: asesinatos, levantones, desaparecidos, desplazados, feminicidios, sequía, abandono del sector agrícola, pesquero, ganadero, minero, etc.
¿Por qué esa obsesión por desacreditar a la familia Cuén y cuál es el mecanismo o la estrategia que se ha venido usado en la criminalización de Héctor Melesio Cuén y sus allegados? ¿Es funcional o no esa estrategia o, a contracorriente, exhibe el abuso y la soberbia de un gobierno que aplica toda la fuerza del estado particularmente contra una familia?
Aunque ya había evidencias de que Rocha Moya tenía la intención de “romper” con Cuén Ojeda desprestigiándolo en La Semanera en funciones de secretario de Salud, el linchamiento más despiadado del fundador del PAS vino con su salida del gabinete, luego de que se intentó perversamente involucrarlo en el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez quien fuera columnista de El Debate.
El crimen de Luis Enrique le cayó al gobernador como anillo al dedo; no pudo, fue imposible, vincularlo con el proditorio homicidio, pues se comprobó que Cuén era quien más ayudaba al periodista en la solución de sus problemas personales y familiares-, pero localizó en las querellas y diferendos que mantenía con algunos comunicadores el motivo ilógico para despedir al fundador del PAS de su gabinete. Rocha quería que Cuén renunciara al derecho a la defensa de su honra.
De ahí para adelante, por razones sólo localizables en la psiquis del gobernador, con el apoyo de Enrique Inzunza Cázarez, su brazo jurídico y operativo, planeó desarticular y borrar del mapa político al Partido Sinaloense, alquilando por lo que resta del trienio a los alcaldes y a algunos diputados pasistas. Sin embargo, el PAS no se dislocó, sino que se fortaleció con la afiliación masiva de ciudadanos de los 18 municipios de Sinaloa.
El proceso de linchamiento contra Cuén Ojeda al que fue incorporado también el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, arreció y rayó en la locura a raíz de la elaboración y publicación de la Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía universitaria, ley con la que Morena y sus diputados y funcionarios estatales planificaban entrar a gobernar la universidad destituyendo al Rector y a los directores electos por el Consejo Universitario.
De hecho, la oposición a la aplicación de la Ley de Educación Superior desató la campaña más feroz de que se tenga memoria en Sinaloa ya no solo contra Héctor Melesio Cuén, sino contra el rector Madueña Molina, con una estrategia que pretende vender la idea a la sociedad de que son los malos de un supuesto proyecto de “rescate” de la UAS que en el fondo sólo tiene como propósito el adoctrinamiento y reclutamiento de la comunidad uaseña a las filas de Morena.
Bien. La campaña de criminalización pública, muy socorrida en las campañas electorales y que hoy se retoma contra Cuén y su familia y el Rector de la UAS, sin ninguna variante, tiene algo de lo que se llama “Caja China” amalgamada con la agenda-setting. Se concentra en la técnica usada por el jefe de la propaganda Nazi, Joseph Goebbels, que decía que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”:
1.- Se crea un escenario en algún medio de comunicación, local o nacional, con la publicación-difusión de verdades a medias, que en realidad son mentiras completas, con datos que son adulterados en las que se integran propiedades y las relaciones personales, políticas, sociales de tal o cual personaje a linchar.
2.- Ese escenario tiene como obvio propósito juzgar y sentenciar, criminalizar, sin derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso, al personaje blanco de la campaña. La fabricación del teatro informativo debe ser novelesco, con tintes policiacos, de tal manera que despierte el morbo de los lectores o escuchas.
3.- Con base en ese escenario distorsionado, se entrevistan a personajes a los que se dice lo que deben “denunciar” y que obviamente abonarán al proceso del linchamiento. Esos personajes deben ser aliados del grupo que planeó el linchamiento político-público.
4.- En el proceso de lapidación política, pública y privada, se involucran opinólogos, analistas y columnistas, que otorgan grados de veracidad al escenario falso o a las verdades a medias, completando así un círculo que se repite cada semana o cada quince días, según la dinámica informativa de la estrategia.
Contra Cuén Ojeda se “fabricó” una demanda en la Unidad de Investigación Patrimonial y Económica, que de acuerdo a la ley debe mantenerse bajo reserva, pero que se liberó para efectos de desencadenar su criminalización pública. Aunque la UIPS no ha solicitado todavía a la Fiscalía General de Justicia que se abra una carpeta de investigación contra Cuén y su familia, algunos medios ya los lincharon, generándoles un ambiente de indefensión ante un posible secuestro o atentado criminal.
Contra el Rector Jesús Madueña Molina se canalizó una demanda por “abuso de autoridad” ante la Fiscalía General de Justicia porque no se deja auditar por la Auditoría Superior del Estado ni los recursos federalizados ni los ingresos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los Jueces Federales ya determinaron que la ASE no está facultada para auditar a la UAS. Que es la ASF la que debe practicar las investigaciones contables-administrativas a la Universidad.
El gobierno de Sinaloa está ofreciendo la lectura, mediante la denostación pública de que para Héctor Melesio Cuén Ojeda, su esposa Angélica Díaz y sus hijos, está vetado el progreso y el goce de sus esfuerzos de 44 años de trabajo. De que en Sinaloa tienen prohibido poseer bienes e invertir so pena de que se siembre sobre ellos la sospecha o la criminalización de su vida y sus actividades, incluso privadas.
¿Qué gana entonces Rubén con esa campaña contra la familia Cuén, cuyo único pecado fue invertir tiempo y esfuerzo para que el arribara a la gubernatura de Sinaloa? ¿La criminalización de los Cuén obligará a los Jueces de Distrito, a los magistrados federales, a revocar sus fallos y decretos para declarar constitucional la Ley de Educación Superior del Estado? ¡Claro que no! Es evidente que el diferendo UAS-Congreso y Gobierno del Estado, no se resolverá en la casa de la familia Cuén, sino en los tribunales federales.
Entonces ¿porque tanta saña contra la familia Cuén?, habiendo tantos y tantos patrimonios inexplicables que hay que investigar, incluso con información de la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, habiendo tantos negocios que, sin la data de 10, 15, 30 o 40 años de trabajo continuo, nacen de la noche a la mañana sin que la Unidad Inteligencia Patrimonial y Financiera de Sinaloa moleste a sus dueños.