Alvaro Aragón Ayala
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador exigirá al gobierno de Sinaloa la restitución a la federación de cuando menos 700 millones de pesos supuestamente “aplicados” durante el ejercicio administrativo estatal 2020, recursos que fueron obtenidos de manera ilegal por Quirino Ordaz Coppel.
Por medio de una investigación y tras haberle suspendido en dos ocasiones el Convenio de Coordinación Fiscal, una el 2020 por 4 meses y la otra por otros 4 meses del 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó obligar al gobierno de Quirino a que regrese 700 millones de pesos que ingresaron a la tesorería estatal con el respaldo de información y documentos falsos otorgados a la federación para acceder a esos recursos.
La SHyCP tiene como plazo exigir la devolución de esos recursos hasta el día último del mes de octubre, día en que expira la administración de Quirino Ordaz. O de lo contrario trasladará el adeudo al gobierno entrante de Rubén Rocha Moya.
La Ley de Coordinación Fiscal faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrar convenios con las Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos federales y en otros ingresos mediante la distribución de los fondos constituidos para tales efectos.
En concreto: con base a esos convenios, los gobiernos tienen derecho a participar en la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
El gobierno de Quirino Ordaz tuvo acceso a esos recursos usando documentación falsa asesorado por un despacho privado, vinculado a escándalos de corrupción. La SHyCP detectó el trinquete en el 2020 y le suspendió por 4 meses el Convenio de Coordinación Fiscal al gobierno de Sinaloa, plazo que no aprovechó Quirino Ordaz para justificar, con datos precisos, la obtención de esos ingresos.
En el 2021, la SHyCP volvió a cancelarle por otros 4 meses el Convenio, tiempo en el que el gobernador de Sinaloa no pudo comprobar la fidelidad de la documentación que usó para acceder a los recursos, y recurrió al tribunal de lo Contencioso Administrativo, perdiendo el litigio. Se determinó que la información es falsa y la mala fe del gobierno quirinista para ingresar a los dineros del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Al perder la querella, se obliga al gobierno del estado a regresar cuando menos 700 millones de pesos a la federación.
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