Alvaro Aragón Ayala
¿Qué pasaría si no se le practicaran auditorías a la Universidad Autónoma de Sinaloa? Si no rindiera cuentas ¿el gobierno federal y los estados le otorgarían recursos para su funcionamiento? ¿Qué pasaría si al fiscalizar a la UAS saliera a flote algún mal manejo del presupuesto universitario?
Las respuestas son sencillas: 1.- La UAS no queda fuera de la práctica de auditorías federales y estatales. Su ejercicio es obligatorio. 2.- En caso de encontrar un desvío de recursos de inmediato se fincarían responsabilidades y se le cancelarían a la Universidad los recursos para su operación.
Si la UAS no fuera auditada, uno de los primeros cesados sería sin lugar a dudas el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, por no “vigilar” a la casa Rosalina. Desde el 2018, Concheiro viene trabajando con las autoridades de la UAS en la solución de los problemas estructurales de la institución.
Del 2005 a la fecha, a la UAS se le han practicado 26 auditorías y una más que está en curso y que realiza personal de la Auditoría Superior de la Federación. En total, 27 auditorías, 3 de ellas en lo que va de este año. Sin embargo, pese al ejercicio de las investigaciones contables, persiste la malévola divulgación de que la Casa Rosalina no es fiscalizada o que no rinde cuentas.
Precisamente, unos días atrás reinició – sí, otra vez- la reconstrucción mediática de que a la UAS se le practicará una auditoría, como si fuera la primera ocasión. El propósito es hacer creer que los funcionarios de la UAS habrían de estar usando de manera irresponsable el presupuesto para financiar a un partido político. Eso es imposible.
La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene y cumple múltiples y diversas obligaciones de rendición pública de cuentas. La más extensa se deriva de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. La norma establece las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de la cuenta pública federal, así como las obligaciones de rendición de cuenta de las entidades que perciben recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Según la ley, son sujetos de fiscalización (de auditorías) los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y cualquier persona, física o moral, que reciba recursos federales. Las auditorías practicadas por la ASF no son sólo contables, sino que comprenden la evaluación de los programas institucionales, su alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como el conjunto de indicadores que expresan el avance en el logro de objetivos y metas establecidos en el proceso de planeación.
La autonomía no exime a la UAS de sujetarse a la ley y al orden jurídico mexicano dentro del cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la ley suprema, por lo que, como se señala en el artículo 78, la libertad de administración de su patrimonio es con sujeción a la Constitución Federal y al régimen legal aplicable.
La UAS a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) cumple con las obligaciones generales de rendición de cuentas establecidas en la norma: entrega puntualmente a la ASF toda la documentación necesaria, incluidas las auditorías internas aprobadas que se practican en la Universidad para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.
No obstante, la ASF, así como los órganos de auditoría superior de las entidades federativas –Sinaloa, es el caso- practican con regularidad auditorías a través de las cuales se profundiza en diversos aspectos del desempeño de las Instituciones de Educación Superior, en la que se incluye a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que como sujeto obligado rinde cuentas de su quehacer financiero y académico ya que recibe recursos del Estado y la Federación.
A la UAS, pues, del 2005 a la fecha, se le han practicado 26 auditorías y una más que se le está realizando actualmente. Difundir que nunca se le audita o que se va a pedir que se le “investigue” es una versión que genera suspicacias y desconcierto en la SEP y la propia ASF, que ha cumplido con el ejercicio de las revisiones contables-administrativas a la máxima casa de estudios.
Sostener que la UAS no es auditada y de que se está exigiendo que se le audite por primera vez, es una agresión velada incluso para el propio subsecretario de Educación Pública, Luciano Concheiro, quien, junto con las autoridades de la casa Rosalina, trabaja para superar los problemas estructurales heredados -la jubilación dinámica, por ejemplo-, por lo que la SEP califica como la vieja UAS.
La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia, AC, apoya a la ASF en las tareas de fiscalización de las instituciones afiliadas a la Anuies. La colaboración entre la ASF y la Amocvies ha facilitado la preparación, programación y realización de las auditorías y, por otra, socializar entre los órganos de control y vigilancia de las Universidades las normas, criterios y procedimientos para la debida rendición de cuentas en el marco de la ley.