Alvaro Aragón Ayala
Las prematuras encuestas de “evaluación” o “aprobación” sobre el desempeño de los gobernadores del país dadas a conocer, una por México Elige de Sergio Zaragoza y Saldo Campusano y la otra elaborada por Roy Campos de Mitofsky para el periódico El Financiero, no son útiles ni prioritarias para Rubén Rocha Moya porque no tiene planes de gobernar atado a las encuestas. El titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa no pretende pagar millones de pesos para que se le califique como el mejor gobernante del país.
A diferencia de Quirino Ordaz Coppel que gastó más de mil 905 millones de pesos en sus primeros tres años de gobierno -2017, 2018 y 2019, en espacios de opinión, estadísticas y encuestas falsas para alimentar su ego y aparecer como el mejor acreditado del país, Rocha Moya construye instrumentos de participación ciudadana para estar más en contacto con la sociedad, mandando la lectura de que no gobernará montado en las encuestas.
Aunque no pagó ni un solo centavo por sus manufacturas y las valora en su exacta dimensión e intención, Rubén Rocha Moya alcanzó en una encuesta el primer lugar y en la otra el octavo, pero no le son útiles porque son prematuras. El ejercicio de gobierno estatal aún no cumple los 100 días de gobierno y apenas comienza a elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y no existe en Sinaloa fuerza política con la que Rocha esté interesado en computar fuerza o presencia.
Los sondeos de opinión distinguen a un Rocha Moya con puntajes de opinión favorable, sin embargo, el gobernador sabe que en Palacio Nacional las encuestas se las “pasan por el arco del triunfo”, además de que entre sus planes no destaca el presentarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador con una retahíla de encuestas diciéndole que está mejor calificado que mengano o zutano gobernador.
En Sinaloa no hay elecciones ni este año ni el 2023, por lo tanto, los sondeos no son útiles para mostrar el “músculo” político o electoral del gobernador. Los partidos políticos de “oposición” –PRI, PAN, PRD y otros- no figuran como “potencias” a las que el mandatario tenga que mandarles lecturas de su buen desempeño o calificación. Los “contrarios” están menguados; en ese escenario el Ejecutivo Estatal moldea otra forma de mantener su presencia en la sociedad, muy por encima de los resultados de las encuestas de escritorio o de teléfono.
Para efectos del proceso electoral del 2024, los sondeos de México Elige y de Roy Campos no determinan nada ni tampoco le son útiles a Rocha Moya, quien evalúa y sopesa, por otra arista, su relación personal e institucional con figuras políticas del PRI y del PAN y construye una nueva realidad gobernante-Morena-sociedad. En su reciente encuentro con el priista Fernando Pucheta en Mazatlán, el mandatario precisó: “yo soy gobernador de todos, de los del PRI, de los de Morena, de los del PRD, de todos. No hay alianzas, para qué quiero alianzas, yo ya soy gobernador”.
En el gobierno estatal entienden las jugadas de las empresas “generadoras de encuestas” que lanzan “sondeos gancho” para despertarles el ego a los mandatarios y ofrecerles en venta “paquetes de opinión favorables”. Quirino Ordaz Coppel sucumbió ante el ofrecimiento en el 2017 y comenzó a gastar millones de pesos porque le servían para “inflar” su imagen, engañar a la sociedad y para ocultar sus latrocinios.
Las decenas de encuestas que Quirino Ordaz pagó con dinero público no le permitieron decidir quién sería el candidato de su partido, el PRI, ni le abrieron la puerta para hacer ganar la elección al abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD. Para efectos de rendición de cuentas, esos sondeos falsos que lo calificaban como el mejor gobernador del país, son evidencias de los despilfarros del ex mandatario estatal. Rocha Moya rechaza repetir la historia del gobernante priista.
Rubén Rocha Moya construye nuevos instrumentos gubernamentales-sociales para estar cerca del pueblo, para escucharlo y responder a sus necesidades con un nuevo mecanismo de participación que le permita evaluar su ejercicio de gobierno y recabar las opiniones favorables o negativas de los ciudadanos que incidan en la gestión e intervengan en la toma de decisiones sobre asuntos públicos en un contexto democrático.