Álvaro Aragón Ayala
Clarividentes de la “comunicación” bregan por adivinar los nombres, en su totalidad, de los personajes que integrarán el gabinete estatal de Rubén Rocha Moya Coppel; en el ínterin, plantados en la nueva realidad política, el gobernador electo Rubén Rocha Moya el virtual diputado Feliciano Castro Meléndez envían lecturas claras del combate a la corrupción, la impunidad y la simulación que caracterizarán el gobierno de La Cuarta Transformación.
Decodificando las declaraciones del futuro coordinador de la bancada de diputados locales de Morena y virtual presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64° Legislatura, la práctica de las auditorías, la fiscalización al gobierno de Quirino Ordaz Coppel, será un hecho tangible, no sujeto a ninguna duda; en contrapartida, desde la oficina de Comunicación Social del Gobierno del estado brotó la orden de no abordar el tema de la corrupción gubernamental del gobierno quirinista.
La consigna oficial es fabricar y manosear una agenda mediática que se concentre en la “integración galáctica” del gabinete de Rubén Rocha dando a conocer unos nombres un día y el día siguiente cambiarlos por otros o bien acomodar el “gabinete periodístico” a dándole vuelo a la imaginación; a leguas se ve que el gobernador sigue invirtiendo recursos del erario estatal en distractores, en el “maquillamiento” de su imagen y en la “protección” de su salida.
La embajada – exilio o destierro político- de España ofrecida a Quirino Ordaz abrió la coyuntura a su corte de adulación para engañar y orientar una agenda de comunicación en la que no se toque, mucho menos profundice, en tema de la corrupción quirinista, moliendo una vez más con el sonsonete de que las encuestas, que le han costado al erario estatal millones de pesos, califican al gobernador como el «mejor» del país. En materia demoscópica el que paga manda.
Pero el combate a la corrupción quirinista es un hecho inobjetable. Dos de las lecturas sobre el trato anticorrupción que se aplicarán en las futuras relaciones con el gobierno saliente de Quirino Ordaz Coppel, las ha mandado el propio gobernador electo Rubén Rocha Moya, una con la virtual remoción –en buenos términos- del Fiscal General del Estado Juan José Ríos Estavillo, y la otra con el plan de colocar en la Secretaría de Transparencia o Rendición de Cuentas a la todavía diputada Graciela Domínguez Nava, a la que Quirino no pudo ni domeñar ni corromper. La tercera viene por añadidura: le corresponde a la 64° Legislatura procesar el cese o renuncia de Ema Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del Estado.
La cuarta lectura en el sentido de que los diputados locales de Morena van a realizar investigaciones ya sea para enjuiciar a quienes se les encuentre culpables de peculados u otros delitos graves u obligar por la vía legal a que regresen los dineros que pudieran haber robado a la administración en cada una de las áreas del actual ejercicio de gobierno, se localiza en la decodificación de las declaraciones de legislador electo y futuro presidente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez.
Sobre el nombramiento en proceso de Quirino Ordaz como embajador de México en España, que a juicio de la corte de adulación quirinista y de algunos analistas de la capital del país, es una especie de “blindaje” ante cualquier fiscalización o resultado adverso de las auditorías que en apego a la ley se realizarán, Feliciano Castro dejó asentado:
1.- Desde “la cima de la montaña se ve el valle”. Es decir, la perspectiva del país. De tal manera que nuestro respeto a las decisiones del presidente; por decirlo de alguna manera, lo que es del presidente, pues al presidente, lo que es de los diputados locales, es de nosotros los diputados locales”.
2.- Por ser acciones encuadradas dentro de la ley, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel será fiscalizado y “toda aquella acción que se aleje de esto (de la ley), que se distorsione de esto, tendrá que atenderse con base a los criterios que establece la propia constitución. La crítica será irrenunciable; la reivindicación de una fiscalización con apego a derecho será un mandato que habremos de cumplir”.
3.- “Los problemas de Sinaloa, habrán de atenderse aquí en Sinaloa, con la constitución en la mano, la ley en la mano, en la convicción de que los recursos públicos y el ejercicio de gobierno sirva a la gente (…) la reivindicación de una fiscalización con apego a derecho será un mandato que habremos de cumplir”.
4.- El concepto del ejercicio parlamentario, -dijo- “nos parece que tenemos que rescatarlo, darle continuidad obviamente hoy en otras circunstancias”. Sobre sobre el seguimiento de este ejercicio está la austeridad, a realizar un presupuesto con carácter social, pues el dinero le debe servir a la gente para resolver sus problemas, y hasta antes de la llegada de Morena a los cargos de elección popular, los gobiernos priistas y panistas, hacían gastos en exceso, ligados a corrupción, incumpliéndole a Sinaloa”.
A partir del 1 de noviembre, en el combate a la corrupción y otros temas de interés, la 64° Legislatura y el gobierno del Estado van a tener una “relación de colaboración” para hacer posible el aterrizamiento de la Cuarta Transformación.
En Sinaloa, puntualizó Feliciano Castro “no existe un gobierno dividido, eso es básico para usar justamente la palabra de contrapeso, cuando el voto ciudadano le otorga el poder Ejecutivo a una fuerza política, y a otra el poder Legislativo, sí cabe lo de contrapesos, pero cuando se es parte del mismo proyecto, cuando la gente votó por el mismo proyecto, lo que se impone es justamente la colaboración».
En la dinámica de la colaboración se ubica al Congreso del Estado como el “correo” para hacer llegar al gobierno estatal las denuncias de corrupción y exigencias de justicia de la ciudadanía y en la programación de acciones para que se vinculen la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; los órganos anticorrupción y la “nueva” Fiscalía General del Estado deberá participar también en el armado de carpetas de investigación contra los acusados de saqueo del erario público.
De los pasos y las posiciones asumidas por Rubén Rocha y por el diputado electo Feliciano Castro Meléndez se desprende que sí, efectivamente, el ejercicio de gobierno de Quirino Ordaz será auditado con seriedad, con profesionalismo, “sin ánimo de venganza”, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La primera dependencia que está en la lupa para una fiscalización profunda lo es sin lugar a dudas la coordinación de comunicación social del gobierno del Estado, a cargo de Alberto Camacho y Jair Flores, acusada de invertir, sin ser cantidades autorizadas por la 63° Legislatura, mil 905 millones de pesos en la construcción de la imagen “popular” y bien “calificada” de Quirino Ordaz y su “Puro Sinaloa”.
El gabinete estatal será dado a conocer el 30 de septiembre. Otro día, el 1 de octubre, Rocha Moya informará sobre los nombres de la Comisión de Entrega Recepción. A estas alturas, jugar al adivino o al gabinetólogo, solo aporta al rumor y a la distracción. El tema es el combate a la corrupción quirinista, aunque la consigna es callar, no tocar periodísticamente este tema…