México Unido Contra la Delincuencia consideró que las autoridades deben imponer límites claros al fuero militar y evitar que el Ejército pueda llamar a civiles, en calidad de testigos o peritos en juicios del fuero militar; solicitar intervenciones de comunicaciones privadas y clasificar como confidencial información de investigaciones, entre otras acciones.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) consideró que las autoridades deben imponer límites claros al fuero militar y evitar que el Ejército pueda llamar a civiles, en calidad de testigos o peritos en juicios del fuero militar; solicitar intervenciones de comunicaciones privadas y clasificar como confidencial información de investigaciones, entre otras acciones.
En un pronunciamiento, MUCD alertó que, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará el pasado 14 de marzo a discutir la acción de inconstitucionalidad 46/2016, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la gravedad del tema aumentaría si se aprueba lo discutido, pues la justicia militar violaría la independencia del poder Judicial y la separación de poderes.
La organización consideró que no se debería involucrar a civiles en juicios castrenses, ya que las normas del Ejército solo se encargan de vigilar el cumplimiento de estas y no de dar justicia a víctimas.
Diferencias entre fueros
Cristina Reyes, directora de litigio estratégico de MUCD, expresó que el objetivo de los jueces militares siempre es salvaguardar el orden y la disciplina militar.
Mientras que la justicia civil tiene el objetivo de “juzgar de manera imparcial, mantener la independencia, los principios de justicia de verdad y de protección de Derechos Humanos”.
Debido a esto, consideró que es necesaria la intervención de jueces civiles para garantizar que se protejan las garantías fundamentales, incluso para valorar que la participación de civiles sea necesaria en un caso que le concierne al fuero militar.
Argumentó que, si se tratase de violaciones a derechos humanos, el caso debería ser atraído hacia la justicia ordinaria, por la gravedad del delito.
Arturo Rojas
Fuente: El Economista