Alvaro Aragón Ayala
La estructuración del gabinete de Rubén Rocha Moya desvincula a los funcionarios de primero y segundo nivel del perfil-modelo de la vieja escuela del PRI y del dañino régimen tecnocrático y en algunas áreas toca los umbrales de la jubilocracia y en otras oxigena el quehacer gubernamental con cuadros nuevos egresados de la universidad pública o con universitarios con licencia.
El prototipo de funcionarios de primer nivel del gobierno choca con el donaire liberal y tecnócrata de los pasados gabinetes inclinados al ejercicio abusivo de la función pública y se ajusta al modelo de gobierno de la izquierda moderna que respeta los derechos humanos, la propiedad privada y orienta el respaldo a la inversión pública generadora de empleos.
Con la integración de su gabinete, Rocha Moya rompió el arquetipo en la conducción política de Sinaloa, antes sometido a los empresarios o a los dueños del dinero, y privilegió con los cargos públicos a una “nueva” generación de jubilados universitarios, con una visión y formación distinta a la de los últimos regímenes estatales priistas, e incorporó también a jóvenes profesionistas forjadores de la Cuarta Transformación.
Los funcionarios con cargos más importantes son personajes en la plenitud de su madurez biológica y mental que tienen sus raíces académicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que han abrevado los conocimientos de las luchas, desencuentros y pactos. A todos los define, en el consenso, una línea política y un nuevo proyecto de gobierno estatal. Lo más importante es que todos comulgan con Rubén Rocha Moya.
En la estructuración del gobierno estatal, para el ejercicio de la función pública, Rubén Rocha Moya instaló en los cargos, de acuerdo a sus perfiles, a los distintos funcionarios sin la posibilidad del armado de grupos internos o externo para impedir la formación de bloques de todos contra todos o de unos contra otros, colocando a cada quien o a cada cual en las diferentes secretarías en las que tendrán que arrojar magníficos resultados, no grillas intestinas ni externas.
De los funcionarios, la lógica política indica que todos tienen proyectos rumbo al 2024 y el 2027; del bueno o pésimo desempeño de sus responsabilidades gubernamentales dependerán sus futuros a corto y mediano plazo. En el 2024, fecha que está más cercana, estarán de nuevo en juego las alcaldías, las diputaciones locales y federales y las posiciones al Senado de la República.
Enrique Inzunza Cázarez, Héctor Melesio Cuén Ojeda, Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Rodrigo López Zavala, Patricia Figueroa, Carlos Karam, Aarón Quintero, José Isabel Ibarra, entre otros, ubicados unos como funcionarios de primer nivel y otros en puestos de segundo rango, entrarán en el juego sucesorio del 2024, algunos con más posibilidades que otros.
Obviamente, de aquí a las fechas electorales claves, todos permanecerán bajo la lupa del gobernador Rubén Rocha Moya y bajo la vigilancia de la sociedad y de Morena, del PAS, del PRI y del PAN y de otros partidos políticos, cuyos líderes y estructuras ya se mueven rumbo al 2024, unos queriendo recomponer el camino lleno de derrotas y otros buscando mayor fortaleza política-territorial para no quedarse fuera de la jugada electoral que se avecina.
En esa ruta, Enrique Inzunza Cázarez está en una posición privilegiada; de su capacidad para operar y mantener la gobernabilidad del estado derivará la promoción de él o los integrantes de su grupo interno, no bloque, el cual integró en menos de 15 días y que le genera críticas naturales que surgen al calor de la composición del gabinete estatal.
Otros que se visualizan en el espectro político estatal, con ambiciones naturales y legítimas, son Graciela Domínguez Nava, la secretaria de Educación Pública y Cultura y la polémica María Teresa Guerra Ochoa que está al frente de la recién creada Secretaría de la Mujer, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, el mejor aliado político de Rocha Moya en campaña y actual titular de la Secretaría de Salud.
El ingreso al gabinete de universitarios en pleno goce de sus jubilaciones o de universitarios con licencia no precisa la UASificación o UASización del gobierno estatal, porque no es desde la UAS de donde parte el dictado de las políticas públicas de Rubén Rocha Moya; la presencia de jubilados da para un diagnóstico sobre la gerontocracia y el interés de universitarios en retiro en aportar sus talentos al proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, al anhelo de pasar a la historia como forjadores de una nueva forma de conducir los destinos de Sinaloa.
Es descabellado aventurar que esos jubilados acaricien la idea, ya convertidos en funcionarios públicos, de “reventar” desde el gobierno estatal a la UAS, violentando su autonomía, pues sería tanto como generar la desestabilización de la máxima casa de estudios con saldos de ingobernabilidad para la administración rochista.
Lo más acertado y que se aleja de cualquier observación negativa es que el gobierno de Rubén Rocha Moya apoyará a la Universidad para que no pierda su reconocimiento como institución de excelencia a nivel estatal, nacional e internacional. La UAS ha dado sobradas muestras de que es una de las Universidades del Conocimiento mejor calificadas académica y administrativamente.
Por los tiempos de efebocracia y excesivo culto a la juventud que se viven, es conveniente sopesar y analizar lo mucho que pueden contribuir los mayores o los jubilados universitarios y los universitarios con licencia al quehacer público y al desarrollo histórico y político estatal y aquilatar la experiencia y las capacidades que tendrán que aplicar para darle relumbre al gabinete rochista ajustado al modelo de gobierno de la izquierda moderna, que rompe con el esquema de la vieja escuela del PRI y los gobiernos tecnócratas.
El gabinete de Rocha está obligado a dar una demostración de grandeza política y administrativa….