ÁLVARO ARAGÓN AYALA
Precisión: si las solicitudes de los juicios políticos y la intención de desaforar o destituir al alcalde de Culiacán no corresponden a un proyecto de Rubén Rocha Moya, la orientación de los votos de los legisladores del PAS y la ruta que tome el procedimiento que se le sigue en el Congreso del Estado a Jesús Estrada Ferreiro no debe alterar el ánimo del gobernador.
Los asesores del mandatario estatal, los factótums o alter egos yelespecialista en el susurro al oído y la grilla y en catalogar a cada actor político como un indiciado en una carpeta de investigación al que urge dictarle sentencia, direccionan pésimamente la imagen del mandatario estatal hacia caminos insólitos y de confrontación política.
El gobernador ofreció en la conferencia La Semanera, puntos para el análisis y la reflexión: aunque dijo que es positivo que se realicen los juicios políticos se desmarcó de los procesos legislativos contra Estrada Ferreiro: “no son vencidas conmigo, le toca al Congreso resolverlo”, dijo. Después mostró su inconformidad por los 5 votos de los diputados del PAS que no coincidieron con los sufragios de los legisladores de Morena, PRI, PT y MC.
“Tengo elementos para presumir (que se está conspirando contra mi), elementos que llevan a pensar que hay una campaña de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el partido que comanda, el PAS, en mi contra. Tengo claridad respecto a un trabajo político intencional que busca mandarme mensajes; esos mensajes políticos los manda cuando ese trabajo político intencional se manifiesta en contra, por ejemplo, en este caso en este caso del juicio político presuntamente yo soy el interesado”.
Señaló que el ex dirigente del PAS está haciendo un trabajo generalizado en el estado en su contra, y en el Congreso en las discusiones sobre la interrupción legal del embarazo y el juicio político contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, «los diputados del PAS votaron en contra porque Cuén Ojeda los manda».
En respuesta, Cuén Ojeda dijo que “lo único que hemos hecho es servirle al gobernador (…) a lo mejor se trata de lo de Estrada Ferreiro, al que apoyamos cuando yo era presidente del Partido Sinaloense; lo apoyamos porque es de Morena, lo apoyamos porque es amigo del gobernador y lo apoyamos porque es un proyecto de nosotros de manera conjunta, el hecho de que otros tengan problemas con él (alcalde) eso no nos interesa a nosotros”, añadió.
Cuén Ojeda insistió en que cuando fue líder del PAS siempre apoyó a Estrada Ferreiro, pues iban en alianza con Morena. “Estrada Ferreiro, es un hombre cercando a Andrés Manuel López Obrador y yo no pienso darle la espalda”, puntualizó y consideró “extraño” que, a nivel local los partidos del PAN y PRI estén unidos en algunas votaciones, cuando a nivel federal sucede todo lo contrario.
En defensa, en el PAS priva la certeza de que Morena y los asesores del gobernador Rubén Rocha Moya conspiran contra el partido estatal y le “arrancan” diputados y alcaldes. El legislador, Gene René Bojórquez, le puso nombre y apellido a quien, dijo, ha operado la renuncia de alcaldes y diputados del PAS, quizá “en un afán por quedar bien con su patrón”: Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de Gobierno.
Entonces, si al lado de Rubén Rocha Moya despacha Enrique Inzunza Cázares, especialista en derecho Constitucional y “otras yerbas” jurídicas, es inherente a su función de asesor deslindar al gobernador del ejercicio parlamentario y de toda acción que suponga o presuponga que el mandatario estatal estaría involucrado en una descalificación política a alguna fuerza o actor político.
Además de ser una herramienta importante para el ejercicio democrático y plural en el Congreso del Estado, en los casos de los juicios de desafuero contra el alcalde Jesús Estrada, los sufragios de cada uno de los diputados más allá de la “línea política” o las alianzas deben llevar la carga de la prueba, el razonamiento jurídico-legal, los elementos que permitan el desafuero del alcalde.
En los documentos de los juicios políticos contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, lo sabe bien Enrique Inzunza, no se tipifica ningún delito penal, ni mínimo ni grave, que fundamente el juicio político o el desafuero del alcalde de Culiacán, sí, si contemplan violaciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado y a la Ley de Seguridad Pública que son de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.
Si no hay argumentación legal, es claro de que hay “ingredientes” para sostener que los 32 votos de igual número de diputados que se sincronizaron para darle “trámite” a los procedimientos de juicio político contra Estrada Ferreiro rayan en la “ilegalidad jurídica” o en el error político porque será imposible desaforar al alcalde de Culiacán sin la carga de la prueba, sin comprobarle que incurrió en una falta o delito grave.