Por primera ocasión Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), podría comparecer ante un juez federal. Este miércoles está programada una audiencia en la que se determinará si se le concede una nueva ampliación para que se cierre la etapa conocida como investigación complementaria, lo cual no implica una modificación a las medidas cautelares que hoy disfruta, es decir que podrá seguir en libertad y mantendrá la posibilidad de continuar sus negociaciones para ser considerado testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta es la séptima ocasión en que Lozoya Austin solicita una ampliación para que no se decrete el fin de la investigación complementaria, ya que dede que aceptó ser extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020, no ha comparecido físicamente ante un juez.
De acuerdo con fuentes de la defensa Lozoya Austin cumplirá la exigencia del juez José Artemio Zúñiga Mendoza de comparecer físicamente en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.
La audiencia está programada para las nueve de la mañana y en ella, tanto la defensa del ex funcionario cómo los representantes de la FGR darán sus argumentos en pro y en contra de ampliar dos meses más está esta etapa del procedimiento.
Funcionarios federales señalaron que estos son los esecenarios para esta diligencia, el primero de ellos que ya no le otorguen la ampliación, se decrete el cierre de la investigación complementaria y se determine el inicio de la etapa intermedia y se otorgue un plazo de 15 días para que se presente la imputación y el desahogo de pruebas.
El segundo escenario es que ante esta situación, el ministerio público pida que se suspenda el procedimiento contra Lozoya, esto es que la FGR confirmaría ante el juez que al ex director de Pemex, ya se le dieron las garantías de un testigo colaborador y entonces se detenga el proceso, lo cual no significa que ya no pueda ser juzgado -cómo los es ahora por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de provedencia ilícita.
Sería solo la interrupción del proceso judicial porque este se reactivaria siempre y cuando no se consigan sentencias con sus declaraciones y pruebas en los juicios que se instauren contra otros involucrados en actos de corrupción con recursos entregados por la empresa Odebrecht, que fueron utilizados para el otorgamiento de contratos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y también para legisladores de diversos partidos que habrían recibido dinero para aprobar la reforma energética en 2015.
Gustavo Castillo y César Arellano
Fuente: La jornada