Alvaro Aragón Ayala
Periodistas de “alto nivel”, de medio pelo y de otros talantes, incluso los que se dicen “dueños de la verdad”, discuten la contratación de servicios por parte del gobierno de Rubén Rocha Moya para reforzar el área de comunicación social en materia de asesoría, estrategias y monitoreo de redes sociales. Que el gobierno estatal gastará en nueve meses 17 millones 324 mil 999 pesos en ese rubro, es la versión de los comunicadores.
Entre los prestadores del servicio al gobierno estatal se encuentra David Alonso Silva Yanome y la empresa Ocho Consultores de Jalisco, propiedad de su hermano, Iván Manuel, quienes participaron en la campaña de 2018 de Andrés Manuel López Obrador; y de Rocha Moya en 2021 con la empresa Huerística Comunicación.
A contrapartida, pocos levantaron olas y críticas por la derrama económica súper excesiva en publicidad y propaganda –maquillamiento de imagen- del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, quien, pasando por encima del Congreso del Estado y de todo orden contable-administrativo, de los 70 millones 751 mil que le fueron aprobados por los diputados gastó más, ¡mil 180 millones de pesos de 2017 a 2019!
En efecto. El gobierno quirinista rebasó en gastos 17 veces más que lo autorizado por el Poder Legislativo en publicidad y comunicación social de 2017 a 2019. Pero aún hay más: investigaciones de diputados de la LXIII Legislatura y de la organización Iniciativa Sinaloa arrojaron que Quirino Ordaz invirtió más y más millones de pesos en el 2020 y 2021 en esa área, al grado que la cantidad que gastó del 2017 al 2021 fue de más de mil 900 millones de pesos.
Lo que está invirtiendo Rubén Rocha para difundir la semanera y los programas y acciones de gobierno, es una cantidad mínima si se compara con la de Quirino Ordaz que gastó además del 2017 al 2018 –sin sumar el 2019, 2020 y el 2021- más de 32 millones de pesos en el diseño y difusión de su logotipo o marca “Puro Sinaloa”.
Antes de cerrar su administración, el ex gobernador de Sinaloa, destinó también 15 millones de pesos al portal Latinus que dirige Carlos Loret de Mola. Los contratos que otorgó al medio de comunicación online, con fecha del 24 al 31 de marzo y del 7 de junio al 31 de octubre del 2021, es lo equivalente a 81 mil pesos diarios durante el periodo señalado.
LUQUE ROJAS Y SU LEY DE EDUCACIÓN
Usando el nombre del gobernador Rubén Rocha Moya, el diputado de Morena José Manuel Luque Rojas, peón de estribo del presidente de la JuCoPo del Congreso Local, Feliciano Castro Meléndrez, se lanzó una vez más contra la Universidad Autónoma de Sinaloa enviando la lectura de que habría disposición “gubernamental” para violar la autonomía de la Casa Rosalina.
La interpretación de un despacho informativo de Línea Directa, medio que entrevistó a Luque Rojas y en el que se plantea la interrogante sobre si los diputados quieren “escarbar” en la Ley Orgánica de la UAS, es una clara amenaza contra el Alma Mater dado que el legislador local “perfila” una Ley Estatal de Educación Superior a modo, para «facilitar» el asalto a la máxima casa de estudios.
Dice que los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa van sobre la Ley Orgánica de la Universidad y revela que “hay una propuesta del Gobernador Rubén Rocha Moya, la cual va enfocada a la Ley Estatal de Educación Superior (para) busca reformas las leyes orgánicas de las universidades del estado”.
Caramba. En vez de consolidar apoyos para que la UAS, a través de una Ley Estatal de Educación Superior, pueda garantizar la universalidad y gratuidad de la educación superior y que permita que a los jubilados y pensionados nunca les falte el pago de la “jubilación dinámica”, José Manuel Luque Rojas pretende confrontar a la UAS con el gobernador Rocha Moya.
Luque Rojas forma parte del ejército de jubilados de la UAS que además de gozar de una “jubilación dinámica” que consiste en el pago quincenal, como si trabajara, estimando su último sueldo como universitario en activo, recibe su pensión del IMSS. Paladea, pues, dos pensiones.
El gobierno federal, entiéndase Andrés Manuel López Obrador, SEP y SHyCP, no reconoce la jubilación dinámica y no incluye en el presupuesto de la UAS recursos para el pago de este beneficio, no la acepta porque argumenta que los universitarios están afiliados al IMSS y ahí cotizan para su retiro y que no aportan nada para recibir la jubilación universitaria.
¿Sabe el diputado Luque Rojas cuanto destina de su presupuesto anual la Universidad Autónoma de Sinaloa en el pago de la “jubilación dinámica” a más de 5 mil jubilados uaseños? ¿Sabe las peripecias por las que atraviesa la Casa Rosalina para cubrir año con año ese beneficio de retiro no reconocido por las autoridades federales? Obviamente que no. O si le sabe no le interesa.
Ahora bien ¿Qué tipo de Ley Estatal de Educación Superior tienen contemplado parir el Congreso Local? El legislador Luque dice que los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa van sobre la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y mete al gobernador Rocha Moya en ese escenario.
O sea, que, según él, si de interpretar con certeza se trata, la Ley Estatal de Educación Superior, en ciernes, la que se elabora, que sirvió de “plataforma” para celebrar reuniones del Parlamento Abierto, va enfocada a modificar las leyes orgánicas de las universidades del estado. O lo que es lo mismo: las “reformas” vendrían de arriba, de un marco jurídico ilegal que chocaría con la Ley General de Educación Superior.
En la construcción de la Ley General de Educación Superior, cuyos artículos o clausulados no deber ser violados por ninguna ley estatal, Rubén Rocha Moya, en funciones de Senador de la República, y Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, tuvieron especial cuidado en salvaguardar la autonomía de las Universidades.
La Ley General de Educación Superior (LGES) -aprobada el 19 de abril de 2021- amplió el alcance de la autonomía universitaria: en primer lugar, la ley limita la posibilidad de que los poderes ejecutivos y legislativos -tanto federales como de los estados- modifiquen unilateralmente las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Al respecto la norma establece que:
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Entonces ¿Cuál es el juego de Luque Rojas? ¿Por qué usa el nombre del gobernador Rubén Rocha para atacar a la UAS?