Desde su creación en 2014, la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) es rígida, con un elevado costo de su nómina, debido principalmente a los altos sueldos de sus mandos altos y medios, así como al cúmulo de prestaciones y obligaciones diversas.
Una revisión de los documentos públicos del órgano muestra que el año pasado, de un presupuesto base de 12 mil 305 millones de pesos (sin incluir aquí el dinero asignado a la elección judicial ni el financiamiento a partidos), la nómina absorbió 76 por ciento.
El recurso fue asignado para fondear los pagos a 16 mil 208 plazas presupuestales y mil 432 plazas de honorarios permanentes, todas con prestaciones.
En otro apartado está el personal de honorarios de carácter eventual para proyectos temporales, que no cuenta con prestaciones.
Mientras el Órgano de Administración Judicial ordenó al Poder Judicial reducir 10 por ciento de la nómina y restringir la contratación por honorarios, como parte del plan de austeridad (La Jornada, 18 de enero de 2026), el INE no ha tocado el punto.
El peso de la nómina del organismo autónomo hace necesario, por ejemplo, tener un fideicomiso para atender el pasivo laboral (para el pago de liquidaciones, entre otros conceptos) mismo que el año pasado tenía una bolsa de 595 millones de pesos.
Consejeros suelen defender el presupuesto y el costo de la nómina al señalar que se trata de derechos adquiridos; aseguran que todo el gasto del INE está justificado y es necesario para hacer “elecciones de calidad”, además de que en perspectiva representa una ínfima parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El mismo PEF 2026 indica que los consejeros del INE tienen sueldos brutos de entre 229 y 258 mil pesos mensuales, más prestaciones, por lo que la percepción ordinaria total puede ser de hasta 366 mil pesos.
El titular de la secretaría ejecutiva gana entre 216 mil y 243 mil pesos, igualmente, más los beneficios específicos del instituto.
Los directivos perciben 242 mil pesos; coordinadores, titulares de unidad y directores, 177 mil; coordinadores y directores de área 152 mil; vocales (juntas locales) hasta 115 mil, y de las distritales, en el rango de 79 mil, todos estos montos más prestaciones.
Gasto político
A nivel general, el gasto político-electoral en México durante el periodo 2014-2026 ha sido de unos 265 mil millones de pesos únicamente si se considera el presupuesto asignado al INE y el financiamiento a los partidos políticos nacionales. Aparte está lo correspondiente a institutos y tribunales electorales locales y el tribunal federal en la materia.
Sólo durante 2025, el presupuesto base del INE fue de 12 mil 305 millones y la cartera de proyectos tuvo 7 mil 339 millones, de los que 6 mil 219 millones fueron etiquetados para organizar la elección de ministros, magistrados y jueces.
Para el año en curso –lapso en el cual no habrá comicios, salvo el local en Coahuila– el presupuesto asignado al INE es de 14 mil millones de pesos, más 7 mil 368 millones de prerrogativas a partidos políticos.
Fabiola Martínez
Fuente: La Jornada