Ciudadanos mexicanos figuran de manera reiterada entre las personas naturalizadas a quienes el gobierno de Estados Unidos busca revocar la ciudadanía, en el marco de su ofensiva legal que en los primeros siete meses de 2026 acumula ya 105 demandas de “desnaturalización”, una cifra cercana al total registrado durante los 18 años previos, según un reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, organización no partidista de análisis de datos judiciales.
De acuerdo con el documento, entre 2008 y 2025, las autoridades estadunidenses habían presentado 125 demandas de desnaturalización en tribunales federales. En apenas siete meses de este año, la administración Trump ha presentado 105, un ritmo sin precedente en cerca de dos décadas.
Sólo julio concentró 50 casos, la cifra mensual más alta documentada por TRAC, con querellas presentadas en 23 estados, siete de los cuales no habían registrado ningún caso de este tipo desde 2008. En un reporte anterior, TRAC había señalado que el Departamento de Justicia (DOJ) proyectaba superar las 250 demandas para el cierre del año fiscal el 30 de septiembre próximo, lo que situaría el acumulado de este año por encima de casi dos décadas de casos previos.
Entre los expedientes que el propio DOJ ha hecho públicos, los ciudadanos mexicanos aparecen con frecuencia. En un comunicado del 20 de julio, la dependencia detalló 10 demandas de desnaturalización por delitos que incluyen abuso sexual infantil, fraude y narcotráfico; seis de esas 10 personas identificadas nacieron en México: Ceflo Luviano-Mojica, acusado de ocultar arrestos previos; Urbano Vázquez Ortega, ex sacerdote condenado por abuso sexual de menores en Washington; Antonio Alcántara-Ruiz, acusado de usar documentos de identidad falsos; Omar Cantú-Montalvo, sentenciado por conspiración para distribuir cocaína; Francisco Montaño, condenado por abuso sexual infantil, y Martín García Cardiel, condenado por abuso sexual agravado de menores.
En un segundo comunicado, del 3 de agosto, el DOJ anunció 25 demandas adicionales contra personas originarias de 18 países, entre ellos México. La Jornada había documentado previamente, en un reporte del 21 de junio basado en un informe anterior de TRAC, los casos de otros dos connacionales: María Lourdes Montoya, acusada de haber asumido una identidad ajena para naturalizarse, y Armando Mendoza, condenado por posesión de material de explotación sexual infantil.
TRAC advierte, sin embargo, que estos comunicados no reflejan el universo completo de las demandas.
De las 50 presentadas en julio, el DOJ sólo detalló 29 en sus boletines oficiales, mientras el resto permanece sin identificar públicamente, en parte porque las cortes federales restringen el acceso a estos expedientes bajo el argumento de proteger la privacidad de los acusados.
Arturo Sánchez Jiménez
Fuente: La Jornada