Para los funcionarios de la SRE, las posibilidades de la demanda son muy altas, pues están convencidos no sólo de que prosperará sino de que ganarán por afirman que sus argumentos son muy sólidos y han contratado a abogados con amplía experiencia en este tipo de litigios.
El Gobierno de México está convencido que “ganará” la demanda histórica que interpuso contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos por el daño que ha causado al país el comercio “negligente” de armas que ha alentado el tráfico ilegal, así lo dice Alejandro Celorio Alcántara, Consultor Jurídico de la Cancillería. Sin embargo, los encargados de llevar esta demanda inédita reconocen que esta acción legal por sí sola no va a solucionar el creciente problema.
“Puedo asegurar que vamos a ganar, lo que no puedo asegurar es que sea este año. Va a tardar por los tiempos de la Corte […] Estamos convencidos porque nuestros argumentos son muy sólidos. Llevamos dos años de preparar esto. En lo personal yo tengo mucha experiencia en derecho estadounidense y contratamos a los mejores abogados”, expuso en entrevista con SinEmbargo el diplomático a cargo de la inédita demanda.
Por su parte, activistas que por años han exigido al Estado mexicano tomar acciones contundentes contra el desmedido flujo de armas, aplaudieron la citada acción legal. No obstante, consideran que tan solo es un primer paso, ya que esta medida no salvará vidas, ni resolverá el problema.
Marco Castillo, representante Stop US Arms México, un proyecto de investigación y defensa de derechos humanos especializado en el flujo de armas a México, explicó que es necesario establecer en México mejores controles para los usuarios de armas –policías civiles, empresas de seguridad y Fuerzas Armadas–, mejorar los mecanismos de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) así como establecer contrapesos a la milicia.
“Hay señales encontradas. Por un lado, nosotros entendemos que existe la intención de proponer una Ley Federal de Armas y, en este sentido, a veces recibimos señales que el Gobierno tiene intenciones de avanzar en materia de transparencia. Por otro lado, al mismo tiempo recibimos señales contrarias cuando vemos un Ejército que crece en el dominio y control de la seguridad ciudadana en lugar de replegarse”, dijo.
“La acción de demanda no salva las vidas de decenas de miles de personas perdidas a manos de organizaciones y criminales armados con equipo producido en los Estados Unidos. Pero demandar y obligar a las empresas de armas a responder al daño causado reconoce el problema y es motivo de reconocimiento y apoyo. Desde allí pugnamos también por la transparencia plena y otras acciones de prevención de violencia del gobierno”, expone la organización en un comunicado.
El pasado 4 de agosto, México demandó a empresas fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos por promover prácticas comerciales, “negligentes e ilícitas” que ocasionan problemas en el país.
La industria de las armas tanto personales como para uso del ejército en Estados Unidos es sumamente poderosa. Se considera indispensable siempre para decidir presidentes en ese país, y no solamente eso: el lobbying que hace en el Capitolio es el más importante de todos, lo que le permite tener a su disposición los votos de enormes porciones de los legisladores, sobre todo republicanos. A eso se enfrenta México.
Con esta demanda, México busca una compensación, pues asegura que las unidades Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.
Las autoridades mexicanas destacan que entre un 70 a 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde los Estados Unidos a México y se estima que más de medio millón de armas se trafican anualmente desde Estados Unidos hacia México, de acuerdo con la demanda.
“Los acusados producen más del 68 por ciento de esas armas de tráfico de origen estadounidense, lo que significa que venden anualmente más de 340 mil armas que fluyen desde sus plantas en Massachusetts y otros estados de Estados Unidos a delincuentes al sur de la frontera”, detalla el documento.
El armamento recuperado con mayor frecuencia corresponde a las marcas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra frecuentemente utilizada por los cárteles mexicanos.
Por ejemplo, la empresa Colt produjo 8 mil 535 armas de fuego que fueron recuperadas por el Ejército Mexicano desde 2010 a la fecha. Smith & Wesson fabricó 3 mil 881 armas de fuego que fueron recuperadas en el mismo periodo, al igual que 338 rifles Barrett recuperados en el mismo periodo, de acuerdo con datos del Ejército Mexicano obtenidos por Global Exchange y dados a conocer por Stop US Arms.
El atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en 2020; el crimen en Chihuahua contra de la reconocida periodista Miroslava Breach; el fallido operativo en Culiacán para detener al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López, en octubre de 2019; el asesinato de siete personas en instalaciones policiacas en Acapulco, Guerrero (un agente del Ministerio Público del fuero común, dos secretarias y cuatro agentes de la Policía Investigadora Ministerial) en 2006; el asesinato perpetrado por Los Zetas contra el agente especial Jaime Zapata, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el intento de asesinato del agente especial Víctor Ávila, el 15 de febrero de 2011 en México, quien junto con compañeros fue emboscado y atacados por Los Zetas el 15 de febrero de 2015 en San Luis Potosí, son algunos de los cientos de eventos que se exponen en la demanda. 
“El flujo de armas desde los EU a México comparte algo del ADN con el tráfico ilegal de drogas entre los dos países”, dice The Washington Post.
Alejandro Celorio Alcántara, consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que la petición del Gobierno de México es que las empresas dejen de ser irresponsables en la venta y promoción de armas, que tengan mejores regulaciones internas y que dispongan de dinero de ellos para campañas de prevención del tráfico ilícito.
Es la primera vez que un Gobierno extranjero demanda a las empresas involucradas en el comercio de armas por lo que no hay un antecedente para estimar cuál suma monetaria que podrían dar las empresas como compensación, por lo que tal cantidad se determinaría en un juicio, de llegar a éste.
“Nosotros estimamos que el daño sufrido asciende a casi el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estamos hablando de litigios de cientos de miles de millones de dólares. El daño es mayúsculo y hay que dimensionar eso: que ellos se benefician a costa de la muerte y las lesiones de personas en México”, comentó.
Para los funcionarios de la SRE, las posibilidades de la demanda son muy altas, pues están convencidos no solo de que prosperará sino de que ganará, según expuso Celorio a esta redacción.
“Nuestros argumentos son muy sólidos. Llevamos dos años de preparar esto. En lo personal yo tengo mucha experiencia en derecho estadounidense y contratamos a los mejores abogados, como Jonathan Louis, director legal de la organización Brady Furgón Control, que es la firma con mayor prestigio y conocimiento en demandas y un gran conocedor de funcionan las leyes en esta cuestión de extraterritorialidad”, abundó.
El equipo legal mexicano se ha preparado ante múltiples respuestas que la defensa de las empresas fabricantes de armas puedan argumentar. “Lo primero que vamos a enfrentar es que las empresas van decir que el Gobierno de México no puede demandar, pero nosotros responderemos que están causando un daño directo y la Ley estadounidense nos deja demandar”, ejemplificó.
Otra de las expectativas es que las empresas tratarán de acogerse a la ley estadounidense que les da inmunidad para vender en aquel territorio, por lo que Celorio explicó que lo refutarán con base a que la ley que se debe de tomar en cuenta para este proceso debe ser la legislación donde ocurrió el daño, en este caso, la mexicana.
“También dirán (los defensores de las armadoras) que no podemos demandar en Massachusetts (porque las ventas se dan en estados de la frontera con México), entonces nosotros vamos a argumentar que Massachusetts es el asiento de negocios y además tenemos una serie de antecedentes judiciales en Estados Unidos que respaldarán nuestro argumento”, dijo.
Celorio destacó que, aunque se trata de una demanda sofisticada e innovadora, no es la única. Hay muchas demandas exitosas contra farmacéuticas, tabacaleras, de las cuales han aprendido. “Los hechos son indisputables: hay medio millón de armas que ingresa a México de manera ilícita. Se podrán defender los demandados, pero los hechos son indisputables. Aquí nomas es la cuestión si nos van a permitir de proceder con el juicio o no en una cuestión de la inmunidad, pero una vez que superemos eso seguramente vamos a gana”, reiteró.
El 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde los Estados Unidos.
ACTIVISTAS APLAUDEN, PERO…
Los activistas que han dado seguimiento a la problemática del flujo ilegal de armas aplaudieron y palomearon la histórica acción de la SRE, sin embargo, no están tan optimistas con las posibilidades.
“Las empresas de armas siempre van a argumentar que lo que sucede después de que ellos producen las armas no es responsabilidad de ellos, y en ese sentido, es muy posible que ese sea el gran bloqueo con el que se encuentre el Gobierno de México”, detalló Marco Castillo.
De acuerdo con el defensor mexicano radicado en Estados Unidos, los fabricantes de armas son expertos en este tipo de litigios y aunque lo que realiza el Gobierno de México sea una novedad, “no es algo nadie ha hecho historia. México se enfrentará al poderío de la industria de las armas en Estados Unidos.
“Me parece que es una medida simbólica importante que debe reconocerse y aplaudirse, pero al mismo tiempo vale la pena reconocer que solo es una parte de un problema mucho más complejo que de ninguna manera se va a resolver por vía del litigio estratégico”, comentó.
Castilló acusó que es necesario poner mayor regulación a las fuerzas armadas y policías, pues los elementos corruptos delegan sus armas al narcotráfico. Foto: Cuartoscuro
El defensor detalló que la crisis de inseguridad, exacerbada por el tráfico de armas, también implica responsabilidades gubernamentales porque el tráfico ilegal de armas es sólo una dimensión del problema, por lo que también se requiere de la voluntad y capacidad de Estado en reducir sus niveles de homicidio por la vía de la prevención de la violencia y del Ejercito para fortalecerse como una institución democrática.
“Me parece que es una medida simbólica importante que debe reconocerse y aplaudirse, pero al mismo tiempo vale la pena reconocer que esto solo es un pedazo y solo una parte de un problema mucho más complejo que de ninguna manera se va a resolver por vía del litigio estratégico, que implica responsabilidades gubernamentales”, dijo.
Y es que la organización reprochó que mientras el Gobierno de México establece esta acción legal a favor de la paz, al mismo tiempo está a punto de concretar la compra de 5.5 millones de dólares en armamento a Sig Sauer, la compañía estadounidense-alemana que produjo y vendió las armas que usaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Gobierno del estado de Tamaulipas en la masacre de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, en enero.
La violencia de México, detalló Castillo, no es sólo producto del comercio ilegal, sino también producto de la cantidad de armas que se ponen manos de policías municipales, estatales, elementos del Ejército y la Marina que tienen vínculos con el narcotráfico, que son corruptos.
Sugeyry Romina Gándara
Fuente: Sinembargo