A pesar de los compromisos asumidos en el marco del T-MEC, trabajadores mexicanos continúan percibiendo ingresos por debajo de los estándares salariales de Estados Unidos y Canadá, situación que mantiene una competencia desigual en el mercado laboral en la región, advirtieron expertos.
Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de presupuesto que enfrentan los tribunales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), creados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, lo que pone en riesgo su consolidación.
Durante el foro Libertad sindical, Pablo Solorio, agregado laboral de la embajada de Estados Unidos en México, señaló que si bien se han presentado casos emblemáticos al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC, aún no existe un “piso parejo” en términos salariales entre los trabajadores de la región. “Sigue habiendo salarios bajos, una diferencia salarial muy importante entre trabajadores de la región”, indicó.
Ante ello, el funcionario afirmó que Estados Unidos seguirá aportando recursos para instrumentar proyectos de cooperación, con el fin de impulsar condiciones de competencia más equitativas entre los tres países.
En el foro, al que asistieron autoridades laborales, académicos, abogados y representantes del sector empresarial, la investigadora Graciela Bensusán consideró que la falta de recursos y de atribuciones suficientes para el CFCRL y los tribunales laborales pone en riesgo el funcionamiento del nuevo modelo de justicia laboral en México.
“Ahí hay un problema de darle facultades, incluso revisar tal vez la Junta de Gobierno, la autonomía presupuestal y cómo asegurar que los recursos lleguen oportunamente en la cantidad necesaria para atender toda esta cantidad de actividades que el centro crecientemente realiza”, reiteró.
La investigadora, adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana, también alertó sobre prácticas recurrentes de injerencia patronal en la vida sindical, así como una serie de “inercias” de organizaciones gremiales para activar una vida democrática interna.
En su oportunidad, Saúl Escobar, del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, coincidió en que la reforma laboral de 2019 requiere fortalecer de manera urgente a las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la defensa de los derechos de los trabajadores.
“Resulta particularmente importante fortalecer instituciones como el Servicio Nacional de Empleo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las procuradurías de la defensa del trabajo, la inspección y los tribunales laborales”, puntualizó.
Añadió que los tribunales laborales tampoco han recibido los recursos suficientes para operar adecuadamente, situación que, dijo, ha derivado en improvisaciones dentro del sistema de justicia laboral, con jueces en la materia “sin la preparación necesaria”.
Jared Laureles y Jessica Xantomila
Fuente: La Jornada