El jurista universitario, Gonzalo Armienta Hernández, considera “no adecuada” la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de impulsar una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de la Guardia Nacional (GN) en la seguridad pública, y así transferir por completo esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ya que se estaría “profundizando la militarización de la seguridad pública”.
“No es una decisión correcta. Creo que la Guardia Nacional debe seguir siendo una institución independiente al ejército, aunque esté relacionada y vinculada con él, pero que no forme parte de éste porque se desvirtúan todas las funciones que realiza el ejército”, expresó el coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta Máxima Casa de Estudios sinaloense.
Desde la creación de la GN, el doctor en derecho ha cuestionado su aplicación en las tareas de resguardo de la seguridad pública de México, porque para ello, dijo, existen los cuerpos policiales encabezados por la Fiscalía General de la República, la Agencia (Federal) de Investigación Criminal, los Policías Estatales, las Fiscalías Estatales, los Policías Ministeriales Estatales-Servicios Periciales y los Policías Municipales.
“Los cuerpos policiales deben seguir ya que se quite la corrupción que impera dentro de ellos y que en esa medida la Guardia Nacional tenga actividades concretas a nivel federal, porque la GN está ahorita en todo lo que corresponde a la seguridad pública, incluso, sustituyendo muchas veces a las policías municipales por la corrupción, no es porque así se haya instrumentado desde la formación de la Constitución”, dijo.
En ese sentido, el jurista universitario calificó eficiente el actuar de la GN ante el resguardo de la ciudadanía, sin embargo, el “profundizar su militarización” de manera legal sin que haya controles internos y externos que garanticen el respeto a los derechos humanos, sería un error.
“Entonces también hay una percepción de que, si la Guardia Nacional depende completamente del Ejército, significa que la formación de los integrantes de la GN va a ser militar, y que entonces esta también pudiera caer en actos de violación a los derechos humanos. Ahorita todavía no son militares todos los integrantes de la GN y eso hace que, de alguna manera, tengamos confianza de que no van a violar nuestros derechos humanos”, expuso.
Por último, Armienta Hernández consideró que esta decisión tomada por el jefe del Ejecutivo nacional, se debe a cuestiones logísticas y de mando de la GN para un combate más efectivo de la violencia en México.