La ONG recordó que cuando AMLO era candidato rechazó el uso de las FA en seguridad.
Cuando se ponen elementos importantes de las Fuerzas Armadas en esos roles no castrenses a realizar funciones de carácter esencialmente policial, para las cuales no han recibido adiestramiento, es más posible que se presenten abusos de derechos humanos y que aumente la corrupción”.
Craig Deare, académico en seguridad.
A pesar de apoyarse cada vez más en las Fuerzas Armadas, protagonistas de casos graves de violaciones a los derechos humanos, y contrario a sus críticas sobre la militarización de cuando era candidato al Ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado imponerse sobre los grupos criminales, señaló un análisis de la consultora InSight Crime.
En el reporte titulado “Ejército de México seguirá combatiendo crimen a pesar de abusos de derechos humanos”, la consultora en materia de seguridad recordó que antes de llegar a la Presidencia, López Obrador criticó a sus predecesores por el uso de las fuerzas militares para enfrentar a las organizaciones delincuenciales, y prometió devolverle al Ejército su función establecida como protector de la soberanía nacional.
Al tiempo que se comprometió a usar la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad pública que se concibió para estar bajo control civil, para pacificar las calles del país, ello al afirmar que su estrategia de prevención del delito, de “abrazos no balazos”, reconfiguraría la dinámica criminal para bien.
Sin embargo, InSight Crime resaltó que fue en septiembre pasado, cuando el mandatario anunció su cambio de ideas al afirmar que “el Ejército debe seguir siendo la fuerza de primera línea para combatir a los sofisticados grupos narcotraficantes del país”.
Y es que ante los aún altos niveles de violencia homicida; falta de policías capacitadas a nivel local y una Guardia Nacional no lista, el presidente López Obrador retomó la política de seguridad nacional seguida por sus predecesores.
La consultora detalló que la decisión presidencial se da en un momento donde las Fuerzas Armadas están envueltas en el caso Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos de brutalidad institucional y notorios del país, lo que pone en duda su credibilidad.
En el análisis de InSight Crime se recordó que, a ocho años de la desaparición de los 43 normalistas, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) halló que al menos un miembro de las Fuerzas Armadas había infiltrado el grupo de estudiantes la noche de su desaparición (26 de septiembre del 2014), y que los elementos castrenses habrían tenido conocimiento de los hechos, en tiempo real mientras se desplegaban en el terreno, pero no hicieron nada.
Confianza en milicia
En el reporte se agregó que, por tradición, el Ejército se ha mantenido apartado de otras fuerzas de seguridad en México en cuanto a credibilidad.
Lo anterior ya que, a diferencia de los cuerpos de policía municipales “plagados de corrupción”, los militares cuentan con la confianza del público, y contrario a la Guardia Nacional, con sus propios problemas de corrupción, este tiene una larga historia donde se considera fiable.
Sin embargo, “el Ejército no es una fuerza para combatir el delito”.
“El uso de las Fuerzas Armadas (para combatir a los cárteles) se ha vuelto la nueva normalidad”, señaló a InSight Crime Craig Deare, académico especializado en asuntos de seguridad nacional.
Apuntó que “cuando se ponen elementos importantes de las Fuerzas Armadas en esos roles no castrenses a realizar funciones de carácter esencialmente policial, para las cuales no han recibido adiestramiento, es más posible que se presenten abusos de derechos humanos y que aumente la corrupción”.
En conclusión, la consultora resaltó que a pesar de las preocupaciones expresadas por diferentes organizaciones de derechos humanos, el Ejército mantiene su función como principal fuerza de seguridad pública en México y el presidente, alguna vez contradictor de la militarización del país, “ahora transita un camino trillado”.
Maritza Pérez
Fuente: El Economista