Desde enero de 2020 la Suprema Corte de Justicia determinó que fue ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora por parte de Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, a siete años del derrame de tóxicos mineros y a más de un año de la resolución, ese amparo sigue sin traducirse en plantas potabilizadoras y una clínica médica para los afectados.
El derrame de tóxicos de una mina de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuchi arrebató desde hace siete años a las comunidades aledañas tanto su salud como el agua que consumen, así como su producción agrícola y ganadera, acusan los Comités de Cuenca Río Sonora.
“Hoy más que nunca sabemos que el valor de una minera, de una trasnacional, de un megaproyecto nunca superará el valor de tener agua limpia y salud para nuestras familias”, determinaron en un comunicado donde exigen sanciones y castigo a la minera Buenavista del Cobre, propiedad del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea Mota Velasco (27 mil 110 mdd, Forbes).
El 13 de febrero de 2017, a sólo tres años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa cerraron unilateralmente el Fideicomiso Río Sonora sin cumplir el compromiso de construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, por lo que los habitantes de los siete municipios afectados aún cargan con el costo de las enfermedades, de los medicamentos y de los garrafones por las altas cantidades de arsénico y plomo en el agua, reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en noviembre pasado.
Los Comités de Cuenca Río Sonora interpusieron un amparo (640/2019) atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2019, para reclamar que el Fideicomiso fue extinto sin la opinión de las personas afectadas. La Corte falló a su favor en enero de 2020 al declarar que fue ilegal el cierre de este fondo, pero a más de un año de la resolución no ha tenido ninguna consecuencia, aseguraron los afectados.
El amparo se fue a la generalidad y no se ha traducido en absolutamente nada. No se han establecido las medidas para resarcir los daños como la clínica de salud y las plantas potabilizadoras”, aseguró Martha Patricia, habitante de Baviácora, quien ha enfermado por la presencia de plomo en su sangre. Lleva dos años sin atención médica tras el cierre de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS) en Ures.
Desde el 2 de agosto de 2019, ella interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio 2019/70906 por la violación a su derecho a la salud y a la vida. Apenas el 22 de abril de este año recibió de la Sexta Visitaduría General un carpetazo como respuesta al argumentarle que el fallo de la Corte se traduciría en la reapertura de UVEAS, lo cual no ha sucedido.
“Si las autoridades pasadas actuaron por corrupción, estas están actuando con una total simulación. Teníamos esperanzas con el cambio de Gobierno, pero ya se nos están muriendo porque transcurrió el tiempo en demasía. Hacen como que hacen y hasta este momento no nos han dado una respuesta concreta. ¡Si no es cualquier cosa!”, acusó.
Tras la resolución del amparo, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), representantes de la mina y afectados tuvieron una reunión informativa en Ures en mayo del 2020. Después, el 4 de julio pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores presentaron un Plan Integral de Atención a Cananea, incluyendo un diagnóstico ambiental sobre los ríos contaminados, cuyo plazo para su presentación concluye el 4 de octubre.
Pero el productor agrícola y ganadero José Manuel dijo que no hay avances porque se siguen tirando la responsabilidad entre la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Se llevaron nuestro sentir y peticiones, pero hasta la fecha todo sigue en promesa; no ha habido una acción o plan a siete años de la tragedia”, dijo vía telefónica desde Baviácora, luego de acomodar a sus vacas en el corral. “Pura simulación de que van a remediar la contaminación”.
Francisca coincidió en que, aunque han visto más atención y apertura de las autoridades ambientales que en el sexenio pasado, no han visto algo más concreto en la remediación del daño. “Estamos pidiendo que ya todo se haga tomando en cuenta nuestra opinión y que la participación sea efectiva, que no sólo estemos como monito de maniquí”, comentó.
PIDEN AGUA LIMPIA
Para dejar de estarse envenenando, los afectados exigen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictar medidas cautelares para proteger la salud de la población de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, así como, en coordinación con la Conagua, garantizar el pleno acceso al agua limpia con plantas potabilizadoras y reubicación de los pozos contaminados con arsénico, plomo, cadmio y manganeso tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre.
De acuerdo con el muestreo de Cofepris de julio del 2020, el 89.85 por ciento de los 69 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico permitidos por la NOM-127 de la Secretaría de Salud, y el 57.81 por ciento excede los de plomo. Los resultados son similares a los de agosto de 2019: 89.28 por ciento de los pozos rebasaba la NOM por concentración de arsénico y el 64.28 por ciento de plomo.
“Todos —los que pueden— tenemos que continuar comprando garrafones para tomar y cocinar. Mi esposo y yo gastamos cuatro dos veces por semana. Pero seguimos en contacto con esa agua contaminada a través de lo que se nos pueda internalizar por la mucosa porque seguimos bañándonos con el agua de la llave”, aseguró Martha Patricia de Baviácora, una zona afectada por la sequía extendida a más del 80 por ciento del país previa a las lluvias del verano. El resto que no tiene recursos suficientes sigue tomando de la llave a costa de su salud.Una madre y su hija afectadas por el derrame minero en los ríos de Sonora cocinan rodeadas de garrafones de agua. Foto: PODER.
Las medidas solicitadas contemplan la urgente gestión, instalación y funcionamiento de las plantas potabilizadoras con filtración de metales pesados, reubicación de pozos contaminados y la instalación del centro médico especializado en salud ambiental.
El cancelado Fideicomiso Río Sonora destinó más de 184 millones 954 mil pesos a la compra e instalación de 10 mil 188 tinacos, para que las familias afectadas pudieran almacenar agua potable. La empresa de tinacos Rotoplas de Carlos Rojas Mota Velasco —primo de Germán Larrea Mota Velasco— fue contratada por 5 millones 502 mil pesos, documentó la organización PODER que ha acompañado legalmente a los afectados.
Esa agua potable llegaría de las 36 plantas potabilizadoras que se prometieron, pero sólo se construyeron nueve. Ante la falta de agua limpia, las familias afectadas de la región siguen comprando alrededor de 10 garrafones de agua a la semana para cocinar, tomar o bañarse. Su precio promedio es de 25 pesos.
En la comunidad de Francisca en Aconchi les reubicaron un pozo, por lo que le dio confianza para cocinar. Sin embargo, se enteró que alternan la operación con el viejo, el cual debería estar clausurado por enviar agua contaminada.
“No sabes cuándo estás utilizando un agua del pozo viejo o del nuevo, y tienes que estar comprando para cocinar y tomar. Son siete años de estar cargando con ese gasto (cuatro garrafones a la semana), pero hay gente que no puede”, dijo. “Las plantas potabilizadoras no están funcionando y las que sí no separan metales pesados; a qué estaban jugando”.
Respecto a las afectaciones económicas, los Comités de Cuenca Río de Sonora también plantean la necesidad de un plan de reactivación integral del campo, particularmente para los pequeños productores agrícolas y ganaderos.
José Manuel, de Baviácora, recordó que antes el Río Sonora “tenía mucha vida”. Pero en aquel derrame de agosto de 2014 perdieron sus cosechas de hortalizas, chile verde, aguacate, cacahuate y otros productos al no poder regar durante tres meses.
En ese entonces recibieron 10 mil pesos de ayuda por hectárea, lo cual no le alcanzó ni para labrar la tierra, así como 300 pesos por cabeza de ganado. “Fue muy poco lo que nos dieron en comparación con lo que perdimos en siembra”, dijo.
Siete agostos después, aún con el agua contaminada, produce muy poco, sobre todo forraje para el ganado. “A raíz de la contaminación ya es muy poco producto el que se puede vender en el mercado; la leche y el queso durante mucho tiempo se estuvo tirando”, aseguró el pequeño productor.
También piden que la reactivación del Fideicomiso Río Sonora sea con cuentas claras y transparencia en el uso de esos fondos.
De 2 mil millones de pesos que conformaron este mecanismo, creado por Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sólo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, de acuerdo con la organización PODER.
DOS AÑOS SIN ATENCIÓN MÉDICA
Los Comités de la Cuenca del Río Sonora y la organización PODER han reportado que a siete años del derrame de tóxicos, los habitantes siguen manifestando enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, de la piel y la boca, renales, cardiovasculares, neurológicas y cáncer de colon.
Otra de las medidas cautelares pedidas a la Profepa es canalizar a las miles de personas afectadas a centros de salud para monitoreos, diagnósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados, cuyos efectos tardan entre 10 y 30 años en manifestarse.
“Los contaminantes ahí están. El relator de Naciones Unidas nos advirtió en un foro que a partir del quinto o sexto año del derrame íbamos a empezar a ver más incremento en diabetes, tiroides, piedras en los riñones o vesícula y dolor muscular. Y sí, ha habido un incremento como no te imaginas: niñas de 5 años ya con problemas en los riñones”, lamentó Francisca, habitante de Aconchi.
El Fideicomiso Río de Sonora cancelado unilateralmente en 2017 se comprometió a construir un centro de salud especializado que operaría de 2015 hasta 2019, pero sigue en obra negra.
Además, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), ubicada en el municipio Ures, que atendía a más de 3oo afectados, dejó de operar desde finales de 2019 como lo estipuló un convenio firmado en septiembre de 2014 entre las compañías Buenavista del Cobre y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dirigida entonces por Julio Sánchez y Tepoz.
“Cerraron UVEAS el mismo día de que se cumplió el quinto aniversario [6 de agosto de 2019]; fue nuestro ‘regalo’”, dijo Martha Patricia de Baviácora, quien tiene plomo en la sangre tras el derrame. Esta Unidad la proveía de cinco medicamentos y, para sólo uno, ahora debe desembolsar 150 pesos cada diez días.
“Veo cómo se va deteriorando mi salud. Tenemos dos años sin que nos proporcionen los medicamentos que no son suspendibles porque tengo enfermedades crónico degenerativas, un daño en el hígado y tengo que comprarlas. Yo no tengo los recursos para poder seguir haciéndome monitoreos; la economía de la región está por los suelos sin fuentes de empleo”, aseguró.
Ella está desempleada y su esposo obtiene trabajos temporales de limpieza o construcción, por lo que a veces no pueden alimentarse bien mermando más su salud.
Durante sus tres años de funcionamiento, PODER detectó que la Unidad emitía diagnósticos cuestionables, análisis cuyos resultados tardaban meses en conocer o que no podían interpretarse adecuadamente, además de la falta de medicamentos para tratar los padecimientos.
“Si esas 300 personas que eran atendidas en el UVEAS tienen metales pesados, quién nos dice que nosotros no tenemos”, cuestionó Francisca de la localidad de Aconchi.
Dulce Olvera
Fuente: Sinembargo