El lunes 12 del mes en curso, el ministro Arístides García Guerrero propondrá validar la reforma impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador que derivó en el decreto del 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se extinguieron 109 fideicomisos y fondos públicos, como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con lo que el gobierno federal accedió a más de 68 mil millones de pesos para atender la pandemia de covid-19.
La propuesta se hará mediante siete proyectos publicados en la lista de esa sesión que resuelven controversias constitucionales promovidas hace cinco años, días después de la promulgación del decreto, por los entonces gobernadores de oposición de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.
Aunque cada gobierno local impugnó distintos aspectos del decreto y alegó afectaciones derivadas de la desaparición de fondos específicos, coincidieron en que la medida vulnera el pacto federal y menoscaba la autonomía financiera de las entidades.
Por ejemplo, el ex mandatario de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano) impugnó la desaparición de siete fondos, entre ellos el Fonden, el Fondo Metropolitano y el Fondo Mixto de Investigación Científica del Conacyt.
Entre otros argumentos, Alfaro y sus pares dijeron que la eliminación de fondos y fideicomisos sustituyó reglas claras para la entrega de recursos federales por un esquema discrecional del Ejecutivo federal, además de invadir ámbitos de competencia concurrente con las entidades, como protección civil, ciencia y tecnología, medio ambiente, seguridad de periodistas y atención a víctimas.
Sólo en las demandas promovidas por los ex gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI) y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (PRD), se impugnó el decreto en general por considerar que afectaba sus facultades de planeación y servicios públicos.
En tanto, los siete proyectos del ministro Arístides Guerrero concluyen que las demandas son infundadas. Sostiene que la desaparición de los instrumentos financieros no implica subordinación ni intromisión en las competencias locales, ya que sólo cambia los mecanismos de colaboración con la Federación; también reconocen la facultad del gobierno federal para reorganizar sus herramientas de gasto público y transparencia.
En respuesta a la controversia del ex mandatario de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, el proyecto plantea que hizo manifestaciones genéricas y que “no señaló cómo es que le fueron trasgredidas sus atribuciones otorgadas en la Constitución… con el decreto impugnado. La ausencia de afectación a las facultades de las entidades federativas radica en que los fondos y fideicomisos son mecanismos tendentes a la colaboración de la Federación en el ejercicio de facultades coordinadas y el hecho de que ésta modifique el esquema mediante el que efectuará esa colaboración no impide u obstaculiza que los estados continúen con el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente conferidas”.
Iván Evair Saldaña
Fuente: La Jornada