Caso de Jornalera de Guerrero es un ejemplo permanente de la insensibilidad de la dependencia encargada de la justicia en Sinaloa
Le violentan sus derechos humanos en la entidad cuando intentaba interponer una denuncia por que le quitaron a su hijo
Su nombre no importa. Importa la probidad. Incumbe la negligencia. La insensibilidad de la Fiscalía General del Estado.
De sus manos le arrebataron a su hijo y la amenazaron. Luego un Ministerio Público de la FGE de Sinaloa le quitó la esperanza de justicia.
Muchos meses después de un destierro obligado volvió y la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuó empujada por un organismo civil y le reintegró una pisca de confianza.
Su vida es tan volátil como endeble. La hicieron invisible por ser indígena de Guerrero y Jornalera agrícola de toda su vida.
No es nada nuevo en la Fiscalía y otras autoridades. La borraron con burocracia. La suprimieron con engaños.
Testado y lo borrado de la vida
La burocracia de la CEDH aniquila la historia y priva de los detalles. Algunas versiones dicen que la mujer jornalera se llama Santa. Pero para la Comisión solo es QV1. Podría igual ser María, Guadalupe, Irma, Ignacia o Demetria. Al final solo es quejosa víctima 1.
Ella ante los problemas económicos que vivía decide irse a su pueblo originario, pero antes le quitan a su hijo.
Su historia se vuelve impersonal en el expediente enviado a la Fiscalía General de Justicia.
La ayuda de una asociación civil y de una asesora (Q1) le abrieron la puerta de la CEDH. La Fiscalía sigue en las mismas.
“El día 1 de abril de 2019, Q1 en su calidad de asesora jurídica de una asociación civil defensora de derechos humanos, presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, mediante el cual hizo del conocimiento presuntas violaciones a los derechos humanos de QV1, mismas que atribuyó a personal adscrito a la Fiscalía”, dice la recomendación 1/2021 contra la FGE y el Fiscal Juan José Ríos Estavillo.
Se sabe que es oriunda de un pueblo indígena del Estado de Guerrero, los que la quieren materializar establecen que es de Chilapa de Álvarez, municipio enclavado en la montaña baja de esa entidad.
En lo asentado como “hechos” el punto 6 establece que “la última ocasión que QV1 estuvo trabajando en un campo agrícola en Sinaloa, resultó embarazada y parió a su hijo en octubre de 2017, pero que el día en que QV1 se disponía a regresar con su hijo a su lugar de origen, se lo quitaron mediante amenazas y el uso de la fuerza, y que le dijeron que no pidiera ayuda y se regresara a su pueblo”.
El documento, en esta parte, no define ni quien le arrebató el hijo ni muchos menos quienes la amenazaron.
La lejana narrativa de la CEDH, se mantiene en todo el expediente. La mujer ante la amenaza “intentó pedir auxilio, pero no le ayudaron, y en razón de que se encontraba sola en el lugar, sin apoyo y en riesgo, decidió regresar a su pueblo, aunado a que le informaron sobre una emergencia familiar”.
Los deshechos
La verdad es que el expediente hace constar que se presentó la denuncia por el hecho el 17 de enero del 2019 y se amplió el primero de abril que fue hasta la fecha en la que el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación.
La recomendación contra la Fiscalía fue por no atender a la Jornalera ante la denuncia de que le habían quitado a su hijo. Era la primera del año 2021 que sacaba la CEDH.
“Del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, se desprende que, en la Agencia del Ministerio Público, violentaron los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la seguridad jurídica en perjuicio de QV1”, asentaba la documentación.
La Fiscalía ahora tiene la palabra.
