Alvaro Aragón Ayala
Definitivamente fue el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien regañó y ejerció presión para que el abogado Simón Rafael Betancourt Gómez renunciara a su calidad de “procurador judicial” o defensor del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sobre quien pesan dos juicios políticos en la Comisión Instructora del Congreso Local.
La noticia sobre la dimisión a la prestación de los servicios jurídicos fue dada a conocer por Proyecto 3 y Expediente 27 y otras plataformas digitales a las 11:30 de la mañana del martes. El documento del retiro de los servicios jurídicos con el que Betancourt Gómez notificó a la Comisión Instructora fue elaborado con fecha 2 de mayo y fue recibido el 3 de mayo a las 12:58 horas.
De hecho, el fallido abogado solo tuvo unas horas de “actividad jurídica” al lado del alcalde de Culiacán. Luego de su presentación en el Congreso Local, diputados del PRI y ex colaboradores de Quirino Ordaz le comunicaron telefónicamente que su abogado había sido presentado como procurador judicial de Estrada Ferreiro, lo cual hizo encolerizar al Embajador que de inmediato le exigió que renunciara.
Siempre arropado por Quirino Ordaz, con quien tiene trabajando más de 15 años como abogado del consorcio hotelero del ex mandatario, Simón Rafael Betancourt fungió como secretario general del Congreso en la LXII Legislatura y de ahí “brincó” a la coordinación jurídica del Despacho del Ejecutivo, cargo que dejó el día último de octubre del 2021, fecha de la conclusión de la anterior administración estatal.
Dentro del proyecto personal de Simón Rafael Betancourt figuró el convertirse en magistrado y en presidente del Supremo Tribunal de Justicia, lo cual creyó que lograría durante el régimen quirinista. Betancourt es sobrino de Gonzalo Gómez Flores, quien fuera secretario general de Gobierno en la pasada administración. A los dos y al notario Joel Buciagas y al ex Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo, se les señala como artífices de una conspiración contra Enrique Inzunza Cázarez en funciones de presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
El complot contra Inzunza Cázares, quien hoy despacha como secretario general de Gobierno de Rubén Rocha Moya, se fraguó y se puso en marcha en el 2018 y arrancó con una denuncia de una juez. El entonces Fiscal General se encargó de socializar la acusación. El propósito era lograr la salida del STJ y llevar a juicio político a Inzunza, pero la denuncia no prosperó, pese a la “embestida pública” de Ríos Estavillo.
Quirino Ordaz Coppel requirió a Betancourt Gómez, después de su primera aparición pública en el Congreso Local con el alcalde Jesús Estrada, que abandonara el caso porque ponía en riesgo la protección que el Congreso Local le está brindando, a través de la Auditoría Superior del Estado, en la “limpieza” de sus cuentas públicas. Los compromisos del ex gobernador radican totalmente Morena.
Diputados de la LXIII Legislatura acusaron a la administración de Quirino Ordaz (2017-2021) como altamente corrupta, pero en la actual legislatura, la LXIV, las denuncias amainaron una vez que el presidente de la Republica “recogió” al ex mandatario y lo nombró embajador de México en España para que lo ayudara a “pulverizar” al PRI en Sinaloa y a desarticular el Grupo Atlacomulco, quien fue quien lo propuso y empoderó como candidato del PRI-PVEM al gobierno de Sinaloa.
El plan inicial de los diputados de Morena era no solo desempolvar todas las denuncias de saqueos y uso irresponsable y discrecional de los recursos públicos de Quirino Ordaz, sino sustentarle demandas penales para sentar un antecedente histórico en la lucha contra la corrupción, pero el ex gobernador encajó en una jugada del inquilino de Palacio Nacional quien le otorgó protección hasta el 2024 para utilizarlo como instrumento para intentar desarmar la alianza PRI-PAN-PRD y Si por México.
Ver El Abogado de Quirino Ordaz defendió al alcalde Jesús Estrada Ferreiro
