Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, y Jorge Lara, experto en seguridad, coincidieron en que no es nuevo el nombramiento de mandos militares —con licencia o en retiro— en cargos de seguridad pública estatal o municipales, pues data de hace 15 años, por lo menos.
En ocho estados del país gobernados principalmente por Morena y el PAN, el secretario de Seguridad Pública estatal es un militar con licencia o en retiro. Expertos consideraron riesgoso que se continúe apostado por el mando castrense para resolver problemas de inseguridad, ya que la formación militar no garantiza el respeto a los derechos humanos.
En Michoacán, el nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) nombró como secretario de Seguridad estatal al General Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo Ortega Reyes, quien también fue titular de Planeación Estratégica, Seguridad, e Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional.
En Sinaloa, el nuevo gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) nombró como secretario de Seguridad estatal al Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Cristóbal Castañeda Camarillo.
En Baja California Sur, el también nuevo gobernador Víctor Manuel Castro Cosío (Morena) designó a Javier López García, capitán de Navío de la Secretaría de Marina Armada de México, como secretario de Seguridad estatal.
En Colima, la nueva Gobernadora Indira Vizcaíno (Morena) nombró como secretario de Seguridad estatal al capitán de Navío, Manuel Llerandi Ruiz, quien perteneció a la Infantería de Marina y a la Unidad de Fuerzas Especiales y de Fusileros Paracaidistas durante 32 años.
En Guerrero, la nueva Gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) dio posesión como secretario de Seguridad estatal al capitán de Marina, Evelio Méndez Gómez.
Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), nuevo Gobernador de San Luis Potosí, también optó por nombrar como secretario de Seguridad al General Diplomado de Estado Mayor, Guzmar Ángel González Castillo, también ex director de la Academia Superior de Seguridad Pública de la Guardia Nacional en San Luis Potosí.
En tanto, en julio del año pasado, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), nombró como secretario de Seguridad al Capitán de Fragata, José Jorge Ontiveros Molina, mientras que en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene desde el 2018 como titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) al Almirante Diplomado de Estado Mayor, José Antonio Ortiz Guarneros.
Alertan riesgos de militarizar la seguridad
Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, y Jorge Lara, experto en seguridad, coincidieron en que no es nuevo el nombramiento de mandos militares —con licencia o en retiro— en cargos de seguridad pública estatal o municipales, pues data de hace 15 años, por lo menos.
Jorge Lara refirió que “el gran error de los últimos gobiernos es haber renunciado y tirado a la basura todos los esfuerzos de desarrollo policial en los tres niveles, y se optó por disponer de estos mandos, que se toman prestados de las Fuerzas Armadas, porque es lo más cercano que tienen las autoridades civiles para garantizar cierto orden, pero eso es totalmente insuficiente. En los países desarrollados es al revés, las instancias castrenses están bajo mando civiles”, dijo.
Consideró que aquellos militares en retiro o con licencia que sean nombrados en cargos de seguridad, “deben pasar por un proceso de reconversión y hasta una doctrina civil”.
Por su parte, Armando Rodríguez consideró que no hay ningún caso probado de éxito prolongado de secretarios de seguridad pública, tanto de formación militar como civil.
Resaltó casos de éxito temporales con mando civil en Nezahualcóyotl, Estado de México; en San Pedro Garza García, Nuevo León; Morelia, Michoacán; pero no a nivel estatal. “El único que en su momento adquirió relevancia fue la Fuerza Civil de Nuevo León”, dijo.
Expuso que con mando militar no hay un caso de éxito relevante a nivel estatal o municipal, y en contraste se han documentado un aumento de la tortura, privación ilegal de la libertad y abusos sobre los propios elementos policíacos.
Dijo que si bien con mando militar se crea disciplina, “también tiene un efecto en la relación con la ciudadanía, y el efecto más grave es que la disciplina militar pondera el uso de la fuerza”.
Consideró preocupante que gobiernos de Morena repliquen la seguridad pública militar como impulsa el gobierno federal.
“Se abren las condiciones para que el poder militar pueda tener sus propias formas de negociación con otros poderes fácticos locales, sean políticos, empresariales, criminales, ahí es donde va a haber un cambio en la correlación de fuerzas”, advirtió.
Por ello, indicó que en los tres niveles de gobierno, “la apuesta de mediano y corto plazo tiene que ser fortalecer instituciones de seguridad pública civil, apostarse a desarrollar capacidad, infraestructura, recursos humanos, equipo y capacitación para los policías, alineados a estándares de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos. También una coordinación entre los estados y municipios con el gobierno federal. Nada de eso puede garantizarnos la formación militar, está muy lejos, en el extremo opuesto de este tipo de enfoque”.
En días pasados, durante el foro “Las deudas, capacidades y voluntades del Estado”, organizada por el ITESO Universidad jesuita de Guadalajara, Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), opinó que la militarización es un proceso en el que se le van a entregando más y más tareas a las Fuerza Armadas en seguridad, pero también los mandos militares van ocupando puestos en instituciones principalmente como las fiscalías y secretarías de seguridad.
Consideró que la Guardia Nacional es un ejemplo de ello, porque la cadena de mando ya quedó subordinada a los militares a pesar de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es legalmente la directriz. Consideró que la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia pase a la Sedena, sería una institución muy difícil de desmontar.
- Ciudad de México: Omar Garcia Harfuch
- Michoacán: José Alfredo Ortega Reyes
- Sinaloa: Cristóbal Castañeda Camarillo
- Baja California Sur: Javier López García
- Tamaulipas: José Jorge Ontiveros Molina
- Colima: Manuel Llerandi Ruiz
- San Luis Potosí: Guzmar Ángel González Castillo
- Guerrero: Evelio Méndez Gómez
- Morelos: José Antonio Ortiz Guarneros,
- Hidalgo: Mauricio Delmar Saavedra
- Guanajuato: Álvar Cabeza de Vaca Appendini
- Querétaro: Miguel Ángel Contreras Álvarez
- Aguascalientes: Porfirio Javier Sánchez Mendoza
- Sonora: María Dolores del Río
- Baja California: Ricardo Iván Carpio Sánchez
- Quintana Roo: Lucio Hernández Gutiérrez
- Puebla: Rogelio López Maya
- Veracruz: Hugo Gutiérrez Maldonado
- Zacatecas: Arturo López Bazán
- Tlaxcala: Alfredo Álvarez Valenzuela
- Campeche: Marcela Muñoz Martínez
- Nayarit: Jorge Benito Rodríguez Martínez
- Nuevo León: Aldo Fasci Zuazua
- Yucatán: Luis Felipe Saidén Ojeda
- Jalisco: Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano
- Coahuila: Sonia Villarreal Pérez,
- Chihuahua: Gilberto Loya Chávez
- Durango: Roberto Bravo Ontiveros
- Tabasco: Hernán Bermúdez Requena.
- Estado de México: Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau
- Chiapas: Gabriela del Socorro Zepeda Soto
- Oaxaca: Heliodoro Díaz Escárraga
Jorge Monroy
Fuente: El Economista