El dictamen para que el Ejército Mexicano permanezca hasta 2028 en tareas de seguridad pública es un decreto oportuno y bien elaborado por parte del Senado de la República, ya que además de reformar la Constitución, establece un término para dicha decisión y contempla un presupuesto adicional para que se capacite a los policías en las entidades federativas, consideró Gonzalo Armienta Hernández.
El doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) estableció que, de alguna manera, con la aprobación que se dio en el Senado de la República se está proporcionado el marco jurídico que se requería para que el Ejército participe en tareas de seguridad pública.
“Creo que el decreto es muy oportuno y bien elaborado porque aparte con los agregados que se le hicieron en la Cámara de Senadores, se está señalando que, en este término, en este tiempo de aquí al 2028 va a haber un presupuesto adicional para que se capacite a las policías de las entidades federativas y que aparte de que se capaciten, haya buenos elementos”, argumentó.
Observó que era muy importante que en el dictamen se estableciera un término porque tampoco es bueno que se militarice el país.
“Era importante ponerles un límite, pero que realmente las entidades federativas sí realicen acciones para capacitar a sus policías para dar mayores recursos, porque no es posible que por ejemplo las viudas de los policías hagan paros porque no les pagan lo que les corresponde o que lo policía no tengan la seguridad social que realmente su actividad requiere o que no les paguen lo que deberían”, apuntó Armienta Hernández.
Reconoció que hay corrupción en las policías estatales y municipales porque realmente los sueldos que se les pagan son insuficientes y no les alcanza para satisfacer sus necesidades como padres de familia.