Álvaro Aragón Ayala.
La incursión militar en el poblado Jesús María que culminó en un enfrentamiento fúnebre y la detención de Ovidio Guzmán y sus secuelas de destrucción en Culiacán, puso al descubierto las verdaderas intenciones de la inversión de 20 millones de pesos obtenidos mediante una reasignación del presupuesto estatal por el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, con el engañoso propósito de transformar el Triángulo Dorado, corazón del narco y de la narco cultura, en el Triángulo de la Bondad.
Antes de la expedición militar en la comunidad serrana, diputados de la 64° Legislatura habían tomado los poblados de la serranía como plataforma para su mostrar sus rostros humanistas y para justificar el gasto político publicitario, alimenticio y de recreación, disfrazándolo de facturas de pago de las tareas del cambio profundo del entorno violento, delictivo, social y económico del Triángulo Dorado. Después del golpe militar no han vuelto a poner un pie en las comunidades de las montañas. Nadie se atreve a hablar sobre el proyecto del Triángulo de la Bondad.
Viviendo en el engaño, creyendo que los diputados significaban una fuerza aliada a la causa marginal del narcotráfico, los grupos delictivos, hipnotizados temporalmente por la política de abrazos y no balazos, otorgaban el salvoconducto a los diputados dirigidos por Feliciano Castro para que circularan por las carreteras de la sierra, penetraran a los poblados, instalaran aparentes mesas de trabajo y dialogaran con las familias, accediendo a la toma de la foto para acreditar la inversión. La convivencia despedía tufos de complicidad y recreaban el escenario perfecto para el lucimiento de los legisladores.
El contexto cambió drásticamente: en la sierra hay recelo, dudas, y mucho temor, mucho, a todo lo que huele a gobierno. La irrupción militar en Jesús María trajo a la memoria de los serranos la Operación Cóndor, aquella época en que los soldados devastaron pueblos, mataron y desaparecieron a decenas de jóvenes bajo el pretexto del combate a la siembra y cultivo de amapola y mariguana. En Jesús María y comunidades aledañas aún lloran a sus muertos. En los municipios serranos bajo el control del cártel de Sinaloa se respira solidaridad con las familias de los narcos fallecidos y detenidos y con las víctimas colaterales. Los diputados no salieron en defensa del pueblo bondadoso de la sierra.
Por insistencia y presión de Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la JuCoPo, el Congreso del Estado reasignó 20 millones de pesos en diciembre del 2022 para el desarrollo de los trabajos del 2023 encaminados al cambio de nombre del Triángulo Dorado a Triángulo de la Bondad. En la zona convergen municipios “alteños” de Sinaloa, Durango y Chihuahua tradicionalmente asociados a la siembra de enervantes y refugio de personajes del crimen organizado. “No me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado; ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora”, dijo Andrés Manuel López Obrador, cuando visitó la sierra de Badiraguato el 27 de mayo del 2022.
Feliciano Castro se colgó de las palabras del presidente de la República y emprendió, con dinero público, no personal, una serie reuniones en Santa Gertrudis, Badiraguato, junto con legisladores de Durango y Chihuahua, elevando discursos, filosofando sobre humanidad y fraternidad, acuñando ahí el término Triángulo de la Bondad. El proyecto, cuando menos propagandísticamente iba viento en popa; los diputados se frotaban las manos de codicia: del futuro Triángulo de la Bondad planeaban saltar a las futuras Senadurías y alcaldías, hasta que el encanto se rompió con la incursión militar más sangrienta que se tenga memoria en los últimos 30 años.
Bien. Aunque nadie en su sano juicio le creyó, según Feliciano Castro esos 20 millones de pesos fomentarían la plantación de aguacates y servirían para poner los cimientos de un Nuevo Hospital, allá en la sierra, sin embargo, ahora la duda estriba en si los narcotraficantes de la región permitirán o no a los diputados circular libremente por los caminos y carreteras de la zona montañosa, entrar a las comunidades, como en el pasado reciente, y si en esas poblaciones, si es que se les deja llegar, encontrarán las condiciones para realizar reuniones y las facilidades para tomarse el retrato del recuerdo y de justificación de gastos.
Es verdad. Porque los pobladores de la sierra defienden sus territorios hay dudas sobre el trato que le darán a los legisladores locales. 20 millones de pesos no alcanzan para nada en la región montañosa de Sinaloa, Chihuahua y Durango, salvo para cubrir gastos publicitarios y maquillar el estado de cosas en las comunidades en donde la pobreza, el desempleo, la precarización laboral, la deserción de las pocas escuelas, en sí, el abandono oficial-gubernamental, son elementos centrales que funcionan para que los jóvenes y adultos se enganchen en el narcotráfico y otras actividades fuera de la ley como alternativa de supervivencia. Los 20 millones constituyen una burla y el programa federal de arborización quizá ya no alcance ni para jalar votos. El discurso de la hermandad y la bondad ya no funciona.