El libro de crónicas La eternidad de nuestros muertos tiene la finalidad de ser una puerta de acceso y un manual de uso de los informes resultados del trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (2021-2024), que ya “son patrimonio de la memoria histórica del pueblo de México”, dijo el periodista Gerardo Antonio Martínez.
Los titulados Verdades innegables y Fue el Estado (1965-1990) contienen “voces y documentos concentrados por primera vez en un proyecto de alcance nacional” en torno a la violencia del Estado, explicó el autor a La Jornada, a propósito de su texto, que será presentado el próximo jueves a las 18 horas, en Casa Refugio de la Memoria Citlaltépetl (calle Citlaltépetl 25, colonia Hipódromo Condesa).
Martínez (CDMX, 1982) expuso que escribió su volumen, subtitulado Crónicas de la Comisión de la Verdad en México (Grano de Sal / Universidad Iberoamericana Puebla), para que el contenido del informe Fue el Estado, en el que colaboró como integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), “fuera conocido por personas no familiarizadas” con esa información.
Destacó la importancia de difundir las implicaciones en el presente, pues “quién y cómo se cuenta la historia sigue siendo terreno en disputa. Narro episodios del pasado, presentes en la vida de las víctimas, pero también hechos de la actualidad que ilustran lo conflictivo de reconocer la violencia de Estado, que éste le dé la calidad de víctima a una persona y, sobre todo, cómo es complicado el tránsito a los procesos de reparación”.
El también novelista se refirió a la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, que existió de 2021 a 2024 por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa integró cinco mecanismos con la finalidad de “hacer una construcción social de la verdad en función de testimonios de personas sobrevivientes de la violencia de Estado y testigos, víctimas indirectas”.
Relató que en su trabajo revisaron fondos del Archivo General de la Nación; sí como acervos de la Secretaría de la Defensa Nacional y acervos privados. El resultado fueron Verdades innegables, coordinado por Eugenia Allier, y Fue el Estado (1965-1990), a cargo de Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart. El primero está disponible en el sitio web de Memórica México y el segundo, en el de Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Casos ilustrativos de la violencia de Estado
El autor de la novela El regreso del kazajo relató que La eternidad de nuestros muertos “es un artefacto narrativo de distinta naturaleza (…) en el que es importante ser muy cuidadoso en evitar la revictimización de las personas y decidir qué aspectos mencionar”.
Para Antonio Martínez, “los documentos del Estado también son artefactos narrativos en los que hay una narración, una justificación y una argumentación. Intentan justificar u ocultar ciertos hechos, por ejemplo, en el caso de Manuel Buendía”.
El libro de crónicas “no tenía la intención de ser exhaustivo. Es un asunto de decisión de quienes nos dedicamos a la crónica, en el periodismo o la literatura, de hasta qué momento puede ser demasiada información o es suficiente para narrar la historia que queremos contar.
“Tenía que elegir episodios que fueran ilustrativos de la violencia de Estado, que se fueran intercalando con el trabajo del mecanismo en fechas recientes y con la disputa por cómo se cuenta el pasado.”
La eternidad de nuestros muertos incluye el caso ejemplificativo de la detención y desaparición de nueve agentes judiciales en 1977, en Culiacán, por personal militar. Después del asesinato de un mayor retirado del Ejército, el jefe de la zona militar acusó al gobernador de Sinaloa, Alfonso Calderón, de no haberle brindado escoltas. En venganza, policías de la comitiva de seguridad del mandatario fueron aprehendidos.
“Este episodio retrata las complejidades en cuanto a la definición y la posibilidad de que el Estado tiene de decidir quién es víctima”, dijo Martínez, pues “colectivos de víctimas de la guerra sucia señalan que varios de esos agentes policiacos participaron años atrás en detenciones de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
“Un principio que el comisionado David Fernández recalcaba era que no podemos no reconocer a una víctima evaluando su integridad o su proyecto de vida, si decidió dedicarse al trabajo sexual o al policiaco”. Puso de ejemplo actual el de Ayotzinapa, cuando el soldado Julio César López Patolzin realizaba labores de inteligencia para Defensa Nacional, pero también fue desaparecido.
En el rubro de agresiones a periodistas, la desaparición y ejecución extrajudicial de Odilón López Urías, en Sinaloa, en 1986, muestra la misma complejidad, pues el personaje con “prácticas cuestionables, acuerdos monetarios con distintos personajes que involucraron su línea periodística, exigió justicia por la desaparición de su hijo”, por lo que fue asesinado.
Antonio Martínez relató que lo de “las mujeres trans es más ilustrativo de la violencia de Estado hacia las comunidades más vulnerables dentro de los vulnerables. Cuando eran detenidas en los años 70 y 80, y llevadas a Tlaxcoaque, eran agredidas sexualmente y a veces desaparecidas; se les hacía el carreterazo y ni siquiera aparecía registrado su ingreso a esas instituciones. Eran doblemente invisibilizadas”.
El periodista concluyó: “ha habido experiencias en cuanto a la decisión del Estado de hacer una revisión del pasado reciente y de hacerse responsable de la violencia en etapas anteriores. El gran reto es si está dispuesto a permitir comisiones de esta naturaleza y si les va a dar la independencia que necesitan”.
Reyes Martínez Torrijos
Fuente: La Jornada