Pese a los avances legislativos y sentencias de tribunales electorales en contra de la violencia política de género, ésta persiste y afecta a las mujeres que tienen interés en participar en política y en la administración pública, concluyeron participantes de la mesa de trabajo: “Participación libre de violencia. Retos y buenas prácticas”.
Esta Mesa de Trabajo tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917 como parte del “Diálogo Regional entre Legislaturas y Magistraturas Electorales Locales, de Cara al Proceso Electoral 2024”, que fue organizado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales Locales y el Congreso del Estado de Sinaloa.
En la Mesa de Trabajo participaron diputadas de los Congresos de Sinaloa y Durango, y magistradas de los tribunales de Baja California y de la Ciudad de México, y se tuvo como moderadora a la ciudadana consejera del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Marisol Quevedo.
Luego de analizar las diversas expresiones de violencia en contra de las mujeres, las participantes de la Mesa de Trabajo presentaron a manera de conclusiones algunos retos.
La diputada del Congreso del Estado de Sinaloa, Juana Minerva Vázquez González, consideró que se debe seguir trabajando para reducir la hostilidad del ambiente político en que se desenvuelven las mujeres.
Reconoció como un avance la convergencia de esfuerzos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, así como de los tribunales electorales con el objetivo de garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres.
Como se mantiene la violencia, propuso que se sigan buscando mecanismos conjuntos que permitan seguir trabajando en una sociedad que esté basada en la igualdad sustantiva.
La diputada Marisol Carrillo Quiroga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Durango, confesó que es víctima de violencia política dentro de su mismo partido político, por lo que se pronunció por la promoción de leyes que facilite la inclusión de mujeres en la actividad política y en la administración pública, y que a la vez reduzcan la violencia en razón de género.
Consideró que un elemento que puede permitir mayor avance es la unidad de todas las mujeres, independientemente del partido político al que pertenezcan, para impulsar políticas que reduzcan la violencia política en razón de género.
Elva Regina Jiménez Castillo, Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, consideró que un reto que se tiene es establecer una norma clara y homologada para definir la actuación de los tribunales al momento de juzgar casos de violencia política de género con el ánimo de dotar certeza en las formas y análisis.
Para avanzar, agregó, hay que escuchar más a las mujeres que acuden a los tribunales en busca de justicia, y hacer los procedimientos más fáciles y digeribles para todos los actores políticos.
Alejandra Chávez, expresidenta del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, expuso como caso de buena práctica el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de su entidad, ya que ha permitido tener buenos resultados a favor del sector femenil.
Expuso que precisamente por esos buenos resultados, su modelo de operación se pudiera replicar en las entidades federativas.
Los observatorios, dijo, deben realizar y difundir su labor porque son el medio que tienen todas las mujeres interesadas en participar en la vida política del país.
