La presencia y decisiones de mujeres en el poder judicial ha hecho visible al sector femenino del país y a las problemáticas a las que se han enfrentado por una mala determinación de las autoridades. Hoy hay importantes avances ya que exista una sensibilización y comprensión de las situaciones con l.
Las impartidoras de justicia del Poder Judicial de la Federación (PJF) generaron cambios en la vida de las mujeres y de la sociedad al dictar sentencias con perspectiva de género.
Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la magistrada Julia García y la jueza Martha Magaña, señalaron a El Heraldo de México el impacto de sus fallos en la vida de las mujeres.
En el caso de la integrante del máximo tribunal, destacó la importancia de las resoluciones de la Primera Sala elaboradas por su ponencia, como la de una víctima de violación a la que se le negó la interrupción del embarazo bajo el argumento de que denunció después de enterarse que estaba embarazada.
“Todas estas sentencias reflejan una mayor sensibilidad y comprensión de las situaciones difíciles con las que lidian las mujeres, y que por largo tiempo no eran visibles por los estereotipos y tabúes imperantes.
“No se hablaba del aborto, punto, entonces estábamos muy lejos de llegar al momento en que se definiera que, para una menor de edad víctima de violación, el negarle el acceso al aborto solamente porque no denunció anticipadamente que sufrió una violación es algo que equivale a tortura y tratos crueles”, indicó a Mente Mujer.
García resolvió el caso de una perita de la Fiscalía General de la República que fue readscrita del Estado de México a Ciudad Juárez de un día para otro a pesar de que la mujer es madre de familia y luego de que denunció a su superior jerárquico por acoso y hostigamiento.
En este caso, dijo la magistrada, se juzgó con perspectiva de género y se le concedió el amparo.
La resolución de Magaña permitió que a una mujer se le detectara el cáncer de mama que padecía para tomar tratamiento a tiempo y curarse de esta enfermedad.
Se trata del caso de Emily, de aproximadamente 60 años de edad, a quien le negaron en el Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega del ISSSTE de Culiacán, Sinaloa el pase para realizarse una tomografía de emisión de positrones (PET) en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México, con la que se buscan signos de cáncer.
El médico indicó que no era urgente, pero con el argumento de que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que este padecimiento es mortal y ataca principalmente a mujeres, la jueza concedió una suspensión definitiva para que a Emily se le diera la orden médica y se le realizara el estudio.
Después otorgó el amparo para que también le proporcionaran medicamentos y tratamiento, pues se le diagnosticó la enfermedad.
Magaña aseguró en entrevista que le tiene cariño a este caso porque la sentencia la elaboró con una secretaria que tuvo cáncer.
“Yo sé lo que es pasar por esto”, le dijo a la jueza la empleada judicial asignada al análisis de este amparo promovido por Emily.
Los integrantes de ese juzgado de Sinaloa vivieron de cerca con la mujer esta lucha que derivó en que venciera la enfermedad.
Casos como el de Emily muestran la importancia de la sensibilidad en el personal judicial al resolver estos asuntos, que sumado al rigor y conocimiento jurídico de las juzgadoras, genera sentencias relevantes para la vida de las mujeres.
- Emily tuvo cáncer, se curó en principio pero la enfermedad regresó.
- El segundo diagnóstico se realizó luego de que le hicieron un estudio denominado PET.
- Tuvo que ser por orden judicial que el hospital le diera el pase médico para viajar a la Ciudad de México.
- En la suspensión, la jueza también pidió a la UNAM que diera fecha del estudio.
- A Emily se le detecta cáncer nuevamente y se le da tratamiento.
- Logró curarse una vez más de esa enfermedad.
- La sentencia se dictó el 12 de marzo de 2021.
- El expediente estuvo a cargo de una secretaria judicial que tuvo cáncer.
- La sentencia de Margarita Ríos Farjat es un caso de Hidalgo.
- En ese asunto se declaró inconstitucional un artículo del Código Penal estatal que limitaba la interrupción del embarazo por violación a 90 días después de la concepción. También condicionaba a la existencia de una denuncia previa del delito.
“Nosotros solicitamos a ambas autoridades, al hospital y a la UNAM, uno que haga todo lo que tenga que hacer para que le puedan dar el pase médico y al otro para que nos dieran la fecha (del estudio)”, jueza Martha Magaña.
“La sociedad es un ente vivo, que va cambiando y dando forma al marco jurídico en el que desea vivir”, ministra Margarita Ríos Farjat.
“Hacemos todo un análisis de por qué las mujeres no denunciamos acoso y hostigamiento en espacios laborales, porque resulta que las problemáticas somos nosotras… y el agresor sigue como si nada”, magistrada Julia García.
Diana Martínez
Fuente: El Heraldo de México