ÁLVARO ARAGÓN AYALA
La renuncia obligada o negociada de Juan José Ríos Estavillo a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa es un hecho consumado sólo que fijó como plazo el 15 de octubre para entregar la dependencia a fin de tener la oportunidad de armonizar los estados contables-administrativos de la desmantelada institución. Ríos pretende obtener una “indemnización exagerada” por el pírrico desempeño de sus funciones.
La salida de Ríos Estavillo de la FGSE se sumó al escándalo generado a nivel estatal y nacional por el tableteo o rugir de los fusiles y metralletas que destruyeron 80 cámaras de video-vigilancia Culiacán.
El rumor de la dimisión del Fiscal corrió como reguero de pólvora el martes. Fue una versión extraoficial, que muy pronto será confirmada. Al principio se creyó que se trataba de un Fake New o de que a algún gracioso se le había ocurrido divulgar esa noticia para unirla a la de la destrucción de las cámaras, y decir que los delincuentes festejaban la desgracia de Ríos Estavillo.
Pero la renuncia del fiscal, es un hecho, aunque Estavillo se fijó como plazo hasta el 15 de octubre para entregar la plaza. O sea, la Fiscalía. Tendrá tiempo de “limpiar” el desorden administrativo que existe en esa dependencia. El Fiscal General de Justicia está exigiendo las “perlas de la virgen” para retirarse, una cantidad que no concuerda con su pobre desempeño.
Juan José Ríos Estavillo pertenece a un enclave de funcionarios estatales forjados o capacitados para protejer a la “mafia del poder” y conserven los viejos andamiajes de la nomenclatura priista de la Fiscalía General de Justicia del Estado, responsable de la investigación de los delitos del orden común.
Ríos Estavillo llegó a la dependencia por las componendas del poder, pero su tiempo se agotó y enfrentaba el dilema de dejar de manera “tersa” o “armoniosa” la Fiscalía o bien someterse al imperio de la ley por actos omisivos o por complicidades que han impedido el curso de investigaciones y la aplicación de la ley en Sinaloa.
Aprovechando la coyuntura del nuevo sistema o modelo de justicia penal y la transición de Procuraduría a Fiscalía General Justicia, la Fiscalía de marras fue desmantelada; Ríos Estavillo desapareció agencias del Ministerio Público en la mayoría de los municipios de Sinaloa, atomizó y casi redujo a la nada a la Policía Ministerial: los agentes investigación criminal se “esfumaron” por la magia burocrática que priva en la dependencia. Es tenso el ambiente de trabajo en la FGJE.
Quienes pensaban que por ser la Fiscalía General de Justicia un organismo autónomo Juan José Ríos Estavillo no podía ser removido, se equivocaron: La 63° Legislatura del Congreso Local creó, no en balde, la figura legal-jurídica para romper el mito de la inmovilidad del Fiscal. Las nuevas normas legales facultan al gobernador en funciones a pedirle su renuncia o actuar en consecuencia.
Precisamente Ríos Estavillo encaja a la perfección cuando menos en tres de las causales a las que podría recurrir el gobernador electo Rubén Rocha Moya para cesarlo con cajas destempladas, pero el futuro mandatario estatal optó por “acordar” con él una salida “diplomática”. Para salir «contento», Estavillo exige dinero.
En el Día Internacional de la Mujer, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se plantaron en las afueras del edificio de la Fiscalía para exigir el esclarecimiento de feminicidios y la renuncia de Juan José Ríos Estavillo. Viudas de policías municipales y ministeriales asesinados en el cumplimiento de su deber acusan también al titular de la FGJE de no interesarle el esclarecimiento de estos crímenes.
Ríos Estavillo no da curso a las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de decenas y decenas de personas, hombres y mujeres, cuyos cuerpos han sido localizados en tumbas clandestinas, no por las autoridades, sino por sus familiares y grupos de rastreadoras. Hay datos duros que involucran al Fiscal en el congelamiento de denuncias contra el notario público Manuel Lazcano Meza, quien ya fue detenido, pero por petición de las autoridades de Sonora por los delitos de falsificación de documentos.
En fin. Lo de la destrucción de las cámaras de vigilancia fue un hecho real y el reflejo de la barbarie que se vive en Sinaloa. Lo de la renuncia del Fiscal General de Justicia también es un hecho tangible, con plazo para el 15 de octubre, únicamente falta que la propia Fiscalía suelte la noticia o que la de a conocer el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Para dejar «contento» la oficina principal de la Fiscalía, Juan José Ríos Estavillo exige una jugosa “indemnización” como pago por sus omisiones y complicidades, por entorpecer el curso de investigaciones criminales y por desmantelar la dependencia estatal.
Corresponderá a la Legislatura 64° Legislatura del Congreso Local y al próximo gobernador de Sinaloa procesar el relevo en esa dependencia….