Durante la XLVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las y los fiscales aprobaron temas como el Informe Policial Homologado y convenios de colaboración en materia de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y feminicidios.
Las y los fiscales del país llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a determinar los alcances y modo de cumplimiento de la prisión preventiva oficiosa, como parte de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, quienes permanecieron en prisión preventiva durante más de 17 años sin sentencia.
Durante la XLVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los fiscales que componen dicho órgano colegiado acordaron remitir una moción respetuosa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como hacer un llamado a la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia del país y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa, a fin de que se determinen los efectos, alcances, obligaciones y modo de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con este tema.
El 27 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) notificó al Estado mexicano la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en la que declaró la responsabilidad del Estado por someter a tres personas —Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López— a formas de detención violatorias de derechos humanos.
Entre otras medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado reformar su normatividad para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva.
Con esta última sentencia suman 12 las veces que la CorteIDH declara la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones de derechos humanos, y lo insta a que cumplir las condenas, aunque, en al menos siete casos no se han cumplido en su totalidad la sentencia.
Otros acuerdos
Por otro lado, durante la XLVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las y los fiscales aprobaron temas como el Informe Policial Homologado y convenios de colaboración en materia de extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y feminicidios.
Asimismo, se aprobó la implementación de programas de capacitación para la Guardia Nacional (GN), policías estatales y municipales, para contribuir a la mejor actuación de los primeros respondientes, así como del Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que regulará la participación de las policías locales en actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
Maritza Pérez
Fuente: El Economista