El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituiría al actual INE, ya no tendría bajo resguardo una base con los datos de más de 96 millones de ciudadanos.
La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador propone quitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de resguardar el Padrón Electoral –que hasta la semana pasada incluía los registros con huellas dactilares y fotografías de 96.2 millones de mexicanos–, lo que podría generar el uso electoral o clientelar de esta lista de ciudadanos, consideró Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral.
“Le quitan al INE la facultad de construir y mantener actualizado el Padrón Electoral. Esta es una las funciones centrales de las elecciones, es decir, saber quién vota, y saber que esa persona es real y que vive, y que no hay duplicados”, explicó en entrevista con El Sol de México.
Entre las propuestas de la reforma electoral que el Presidente entregó a la Cámara de Diputados en abril pasado está la desaparición del INE y, en su lugar, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que ya no tendría entre sus tareas la elaboración y resguardo del Padrón Electoral, sin precisar quién o qué instancia sería la nueva encargada.
“La eliminación de dicha atribución constitucional generará incertidumbre respecto a quién será el responsable de conformarlo y el posible uso clientelar o político de la lista de electores; se rompe uno de los eslabones de la integridad del sistema electoral mexicano”, dice el reporte Implicaciones de la reforma electoral que publicó la consultora Integralia y elaboró Ugalde.
La desaparición del INE también implica la extinción del servicio civil de carrera, lo cual significa que cada vez que se organice una elección no se contará con personal capacitado para tal efecto.
Otro de los puntos medulares de la propuesta de AMLO es el cambio en el método de selección de los consejeros electorales, que pasaría de una convocatoria y proceso de selección en el Congreso, como ocurre en la actualidad, a una elección mediante voto popular de una lista de candidatos propuesta por el Presidente de la República.
“Estos candidatos tienen que hacer campaña y quienes van a tener más dinero para hacer campaña y quienes van a tener más recursos y apoyos van a ser los candidatos del gobierno”, señala Luis Carlos Ugalde.
La reforma electoral no sólo toca a las autoridades electorales, también al Poder Legislativo al reducir el número de diputados y senadores, y también al cambiar la forma de elección. Aunque el Presidente ha dicho que se eliminan los diputados plurinominales, Ugalde explicó que en la realidad los convierte a todos en plurinominales.
La reforma propone que para la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados se eliminen los distritos y se creen demarcaciones. Cada partido presentaría una lista por demarcaciones y de acuerdo con la votación obtenida se asignarían los curules; este método es el que se usa actualmente para asignar las diputaciones plurinominales.
De esta forma, San Lázaro quedaría con 300 diputaciones y el Senado con 96 escaños.
“Reducir el tamaño del Congreso está bien, pero convertir a todos los legisladores en plurinominales me parece una equivocación y eso me parece que es algo malo”, consideró Ugalde.
En cuanto a los partidos políticos, la iniciativa presidencial busca reducir su financiamiento público, lo que impactará en sus actividades que van más allá de las campañas electorales.
“Los partidos, por supuesto, son el canal para acceder al poder político, pero para poder nominar a un candidato necesitas reclutarlo, capacitarlo, educarlo, y esto requiere una actividad permanente de los partidos. Los partidos no sólo hacen campañas para ganar elecciones, también hacen capacitación, son vigilantes de los gobiernos en funciones, intermediarios entre ciudadanos y gobiernos”, dijo.
En el reporte de Integralia, Ugalde concluye que sin financiamiento público, los partidos políticos se vuelven vulnerables y se convierten en máquinas para ganar elecciones.
El documento también advierte que con las nuevas formas de asignar diputaciones y senadurías, las coaliciones están en riesgo. “La iniciativa es omisa respecto a este tema (las coaliciones). No queda claro cómo se compaginaría el sistema de listas con las alianzas entre partidos. Podría implicar, en los hechos, una desaparición de las coaliciones”, dice el reporte Implicaciones de la reforma electoral.
LO BUENO
Para Luis Carlos Ugalde, hay puntos positivos en la propuesta, como el voto electrónico o la reducción en el número de diputados en los congresos locales o los regidores en los Ayuntamientos.
“Es bueno lo del voto electrónico porque eso te permite tener un sistema menos caro y más preciso para organizar elecciones. Me parece bueno reducir el tamaño de los congresos locales a través de un criterio de población, y me parece correcto reducir el tamaño de los regidores que en algunos ayuntamientos del país son muy grandotes y esto los acota. Esas tres cosas me parecen positivas, son pocas, pero las señalo”.
El viernes, durante una visita a la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que espera que la reforma electoral se discuta en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.
Los trabajos para elaborar un dictamen en el tema, que según han dicho morenistas incluirá propuestas de otros partidos, comenzaron hace un par de semanas.
Reforma electoral que polariza
Para aprobar la reforma electoral se requiere mayoría calificada, debido a que se pretende desaparecer al INE, un organismo autónomo reconocido en el artículo 41 de la Constitución. Por eso, Morena debe llegar a un acuerdo con legisladores de oposición.
Los tiempos legislativos apremian rumbo a 2023 por dos factores: En abril dejan su cargo cuatro consejeros electorales, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdova, por lo que en caso de no haber una reforma que desaparezca al INE, la Cámara de Diputados debe lanzar la convocatoria para nombrar a sus sustitutos.
Además, haya o no reforma, en junio de 2023 se celebrarán elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, y ya sea el INE o el INEC, la autoridad electoral debe organizarlas y en su caso fiscalizar los gastos de campaña. En caso de haber impugnaciones, los tribunales electorales locales deberán resolverlas en primera instancia.
En septiembre inicia el proceso electoral de 2024, por lo que también debe quedar definida la autoridad que organizará los comicios de ese año, donde además de la Presidencia de la República se renovará el Congreso de la Unión y varias gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.
Alejandro Suárez
Fuente: El Sol de México