Alvaro Aragón Ayala
Rubén Rocha Moya tiene una idea clara y precisa de la autonomía universitaria y sus alcances y las consecuencias que generaría una regresión al “populismo” en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El 18 de diciembre del 2019, en la ruta de la construcción de la Ley General de Educación Superior -La Ley Rocha o Ley Concheiro-, dijo: “quienes queremos a la universidad decimos: no digan cosas feas de la universidad”.
Dijo que no ve viable regresar al voto directo de los estudiantes. “No podemos volver a meternos con el tema del voto unitario, lo digo claramente. No comparto la idea del populismo en la elección de las autoridades universitarias”, expresó.
Con la investidura de Senador de la República, Rocha Moya disertó en la Torre Académica la conferencia “La Reforma Educativa y la Ley de Educación Superior”.
CONVOCAR A LA ANARQUÍA
Los estudiosos definen el populismo universitario como movimientos -maestros liderando estudiantes- con un desdén a las autoridades y a las estructuras académicas-administrativas de las casas de estudio.
Ese populismo se caracterizó en la UAS por convocar a la rebeldía a los alumnos y por la celebración «directa» de elecciones internas de directores y de la principal autoridad- el rector-, lo cual generaba división y anarquía en la universidad.
Para lograr el control de los alumnos los maestros regalaban calificaciones, promovían pachangas, carnes asadas, gigantescas “fiestas estudiantiles” en las que corría la cerveza, el vino y el wiski y a veces la mariguana.
CHEMONES, ENFERMOS Y GUERRILLEROS
Unos años más atrás, del 1974 a 1976 la UAS fue convulsionada por grupos “extremistas” o radicales. Universitarios de ideología marxista-leninista secuestraban y quemaban camiones urbanos.
Los pleitos entre los integrantes de otros grupos estudiantiles contrarios a «Los Chemones» eran frecuentes: turbas de «Enfermos» golpeaban a alumnos y maestros identificados con grupos contrarios que exigían que los radicales fueran expulsados y «extirpados» de la UAS.
La Dirección federal de Seguridad, el Ejército y la Policía Estatal llevaron a cabo redadas de “Enfermos” y activistas de la Liga Comunista 23 de septiembre anidados en la máxima casa de estudios. La UAS fue sumida en una profunda crisis.
La UNIVERSIDAD-FÁBRICA
Para los “los Enfermos” universitarios, considerado un grupo guerrillero, la lucha armada iba respaldada de justificaciones teóricas y políticas. A “Los enfermos” se les adjudicó la teoría de la Universidad-Fábrica que argumentaba que las universidades eran un medio de producción en el cual los maestros eran considerados obreros y que su fuerza de trabajo solo servía para producir mercancías.
Por lo tanto, dentro de la concepción de estos jóvenes la universidad también tenía que ser destruida. Creían que dichos centros del saber no estaban al servicio del proletario, sino que era un modelo que reproducía la dominación burguesa en el mundo.
LA CLOCA QUE PARIÓ A FELICIANO
De la cloaca que sumió a la UAS en la anarquía, de esa turba que perpetró atracos a bancos, secuestró a altos funcionarios de la UAS, participó en invasiones de tierras dedicadas a la agricultura industrial y a predios urbanos, surgió Feliciano Castro Meléndrez, uno de los presos detenidos en las redadas de las autoridades estatales y federales.
Efectivamente, el desmadre universitario parió y de dio cuerpo a Feliciano Castro Meléndrez, quien ya en libertad y empotrado como maestro de la Facultad de Filosofía y Letras siguió participando en la “grilla” uaseña, en la izquierda radical, luego en el Partido de la Revolución Democrática. Fue en el PRD donde adquirió forma de “porro” discursivo o “porro” parlamentario.
Castro Meléndrez comenzó a abrevar del “sistema” con Juan S. Millán Lizárraga, quien desde la CTM Nacional y luego como gobernador del estado mantuvo bajo su control al PRD-Sinaloa el cual hipotéticamente dirigió Feliciano Castro. Millán dominó el perredismo sinaloense por más de 12 años.
Bajo un “arreglo político” con Millán, Feliciano Castro llegó por primera vez al Congreso Local como diputado local pluri, convertido en un “porro legislativo” y de aliado del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla para mantener a raya al Partido Acción Nacional.
Después en calidad de “porro”, en el 2010, mandó al demonio a Aguilar Padilla y se fue con el candidato al gobierno de Sinaloa de su padrino Juan Millán: Mario López Valdez. Fue uno de los principales detractores de la imagen pública y personal de Jesús Vizcarra Calderón en aquella campaña por la gubernatura.
LEER MÁS SOBRE EL TEMA: Feliciano Castro: “el chapulín”. La deshonra de Vizcarra, la “expulsión” de Rocha y Aguilar y los ataques a la UAS.
AGITANDO EN LA UNIVERSIDAD
Con una estrategia rupestre, sin ninguna evidencia de su honorabilidad, salido del estercolero, Feliciano Castro Meléndrez intenta poner en entredicho la reputación de quienes dirigen la Universidad Autónoma de Sinaloa tratando de jalarlos a un debate que para la Casa Rosalina resulta estéril.
Desquiciado por haberse revelado que tiene ingresos que suman un total de 261 mil pesos mensuales y que gana más que el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el gobernador Rubén Rocha Moya, el “porro legislativo” utiliza sus rupestres armas: la calumnia y difamación para intentar generar una crisis universitaria.
Sin embargo, el bajo nivel de Feliciano Castro no está a la altura de las autoridades de la UAS como para que pierdan tiempo con él en un cruce de acusaciones o dimes y diretes. Los embates del diputado solo alimentan el chismorreo popular. No le abonan a la construcción de la Universidad Ciencia. A Feliciano lo aplasta su pasado y presente. Es chafa.
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LA LEY ROCHA O LEY CONCHEIRO
La Ley General de Educación Superior fue confeccionada por investigadores, rectores, universitarios doctos en el tema de la legislación universitaria.
Dos personajes fueron claves en la construcción de la Ley: Rubén Rocha Moya, en función de Senador de la República, y Luciano Concheiro Bórquez. A los dos les quedó claro que había que fortalecer la autonomía de las universidades públicas.
Fue así que la formulación de la Ley General de Educación Superior (LGES) -aprobada el 19 de abril de 2021- amplió el alcance de la autonomía universitaria: en primer lugar, la ley limita la posibilidad de que los poderes ejecutivos y legislativos -tanto federales como de los estados- modifiquen unilateralmente las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Al respecto la norma estableció que:
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Esta disposición sale al paso a los recientes y repetidos intentos de legisladores, fracciones y gobernadores de modificar las leyes orgánicas de las instituciones autónomas. Sin embargo, presenta el riesgo de ser controvertida, pues limita las facultades de iniciación normativa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las constituciones locales reservan a los legisladores y los titulares del ejecutivo.