Por bloqueo de los maestros, ministros de la Corte sesionan en sede alterna

La Suprema Corte tiene entre sus pendientes el analizar el cumplimiento de las sentencia en la que instó al Legislativo regular el uso lúdico de marihuana en el país.

La sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada en sede alterna al sur de la Ciudad de México debido a manifestaciones y bloqueos de maestros disidentes en inmediaciones del Zócalo capitalino, duró menos de cuatro minutos; posteriormente, los ministros sesionaron en privado.

Norma Piña, presidenta del máximo tribunal constitucional del país, convocó, en punto de las 11:55 horas, a la próxima sesión pública a realizarse mañana.

Iniciada la sesión a las 11:51 horas, el ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso aplazar, al próximo lunes 22, la resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, por las que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Archivos de aquel estado, para dar tiempo a estudiar los ajustes realizados a su proyecto.

“Como había acordado la vez pasada, en que este asunto quedó listado para verse en sesión pública, hice los ajustes en cuanto a algunos comentarios que varios de ustedes amablemente me hicieron llegar.

“Estos cambios los incorporé en hojas sustitutos el día de ayer; por lo tanto, sugeriría amablemente si se pudiera posponer este asunto para que tuvieran, todo mundo, tiempo de estudiar los ajustes que se le hicieron al proyecto”, explicó.

Previó a levantar la sesión pública, Piña informó que daría inicio la sesión privada en que “vamos a analizar el informe sobre el estado procesal de los incidentes de inejecución del conocimiento de esta Suprema Corte, así como diversos conflictos de trabajo que ameritan resolución prioritaria”.

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Rolando Ramos

Fuente: El Economista