A poco más de un año del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, organizaciones de derechos humanos señalaron éste no es un hecho aislado, ya que documentaron otros 14 sucesos.
Al presentar el informe ” No nos dejen morir aquí”. Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Jerónimo del Río, Investigador de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), dijo que el comisionado Francisco Garduño debe separarse del cargo mientras las investigaciones son llevadas a cabo y que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigue por el presunto delito de homicidio.
La Fundación para la Justicia (FJEDD), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI),Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México y la Clínica Jurídicapara Personas Refugiadas “Alaíde Foppa”, como organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes de 17 de las víctimas del incendio (ocho sobrevivientes y nueve familias de fallecidos) presentaron el informe en el que documentaron que el incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez “estuvo lejos de ser un hecho aislado, pues es resultado de políticas migratorias que matan”.
Jerónimo expresó que entre algunos de los hallazgos se documentaron graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes del incendio, como detenciones arbitrarias, desaparición forzada de corta duración, tortura y malos tratos a los migrantes y solicitantes de protección internacional dentro de la Estancia.
Apuntó que el incendio es resultado de las políticas migratorias militarizadas: un contralmirante en retiro de
la Secretaría de Marina estaba a cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua.
“Las condiciones de detención eran inhumanas: se excedió el número de personas, estaban en un espacio reducido sin ventilación, con colchonetas inflamables, sin acceso a suficiente agua y con solo dos baños para los hombres; no se hicieron las revisiones adecuadas al ingresar, de tal manera que una persona tenía un encendedor; no se atendieron las necesidades de alimentación y agua; se les amenazó con ser deportados. Además, hay testimonios de que personas pudieron haber sido torturadas antes del incendio”.
Entre otras cosas, añadió que hubo una deliberada decisión de no abrir la puerta a las personas detenidas, es decir, deCdejarlas morir. “Las 15 mujeres que estaban privadas de la libertad junto con los hombres, no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano”.
César Arellano García
Fuente: La Jornada