Marcial Pompa Guillen.
La Procuraduría Federal del Consumidor es un laboratorio de impunidad que lastima a la agricultura y es una herramienta usada para disparar a quemarropa los precios de los insumos, y al abrigo de esta institución más de 30 por ciento de la semilla usada en el campo es de mala calidad y proviene del contrabando de granos de las empresas fachada que ofrecen cimiente sin certificación ni calidad.
La Profeco es la base de aterrizaje y alfombra roja por la que desfilan más de mil 200 millones de pesos en ganancias para “coyotes” y comisionistas de agroinsumos que en el ciclo otoño invierno ofrecen sabrosos precios de pago y desaparecen al momento de los reclamos.
En el elenco estelar del robo a rajatablas en la venta de agroinsumos se encuentra el delegado Marcos Castillo López, quien, desde la burbuja administrativa de Profeco, no está escuchando el bramido de los productores que exigen espiar el papel del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas en Sinaloa y poner en el foco a empresarios del ramo de la agricultura que se disfrazan de productores para esquilmar el bolsillo de incautos a los que les ofrecen créditos y luego los convierten en chivos expiatorios de las mermas en la producción de cosechas.
Las medidas implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para catapultar al campo a estadios de competencia internacional están en choque frontal con el apetito voraz o ventajista de empresas integradas al Consejo Nacional Agropecuario, desde donde se controlan y descontrolan el flujo de agroproductos y recursos económicos usados en la agricultura y que son la herramienta para que Sinaloa respire y suspire como el campeón entre los estados con mayor producción de agroalimentos en el país.
Lo que debiera ser motivo de éxito es una razón de lamentaciones porque la entidad el 70 por ciento de la superficie agrícola es explotada por agrotitanes que mantienen rigurosa explotación de la tierra ejidal y también son los amos y señores de las siembras y cosechas del 43 por ciento de la superficie privada con vocación agrícola.
Si se sigue la línea fiscal del dinero de la agricultura se pudiera llegar a las empresas fachada que están sirviendo y sirviéndose del mercado negro de los agroinsumos y tras bambalinas se encontraría que los empresarios e industriales de cuestionables condiciones morales se prestan al etiquetado falso de semillas e insumos patito para combatir plagas.
Los funcionarios de Profeco son reducidos al nivel de inspectores “patito”, pues de las 700 mil hectáreas que se van a explotar en el presente ciclo al menos 125 mil están en riesgo de caer en baja producción y hay una simulación de parte de las instituciones para no verificar el uso de materia prima de primera calidad en la siembra de maíz, trigo, frijol y hortalizas ya que tampoco en estos organismos Profeco está metiendo su nariz o sus manos para coadyuvar en la oxigenación del sector agropecuario.
Bajo el ardid de ofrecer precios asequibles las empresas fachadas solicitan a sus clientes que les devuelvan los costales o envases de semilla y hasta les aplican descuentos para premiar la obediencia a sus mandatos y ahí está el problema ya que históricamente no hay industria o empresa que sea amorosa con sus clientes actuales o potenciales.
A pesar de lo evidente Profeco no actúa y se inflan como un elefante blanco y sus inspectores adquieren musculo como especies salidas de la carabina de ambrosio.