La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) propondrá al Poder Legislativo un incremento de 8 por ciento en términos nominales a los presupuestos de esas instituciones educativas para 2027, a fin de “alcanzar la línea inflacionaria”, señaló el doctor Gustavo Cruz Chávez, coordinador de Vinculación Estratégica del organismo.
Señaló que para este año las universidades públicas estatales sólo tuvieron un incremento presupuestal de 1.8 por ciento, en términos reales, y las universidades federales, 3 por ciento, “es decir, muy por debajo de la inflación”.
Subrayó que si se aprobara un alza de los subsidios en el porcentaje que solicitará la Anuies “sería un respiro para las universidades, porque de lo contrario vamos a estar, como en este ejercicio fiscal, muy por debajo de la línea inflacionaria, y eso a las instituciones públicas de educación superior las tendría nuevamente con perspectivas poco apropiadas”.
En entrevista con La Jornada, Cruz Chávez añadió que también “se van a solicitar recursos para atender el impacto por incremento en el salario mínimo”, que para este año es de 13 por ciento, y añadió que otro pendiente es la creación del Fondo Especial para la Obligatoriedad y la Gratuidad de la Educación Superior, lo cual está establecido en la Ley General de Educación Superior publicada en 2021.
La regulación, explicó, “establece que esto será de manera gradual, pero al día de hoy no tenemos ninguno de esos recursos, que para la gratuidad tendrían que ser 14 mil 300 millones de pesos y 6 mil 614 para la obligatoriedad, y en nada de eso se ha avanzado. Por eso ya algunos estudiantes han promovido amparos para la creación de ese fondo especial”.
Reiteró que el déficit presupuestal de las instituciones públicas de educación superior supera 50 mil 500 millones de pesos. “Ese es el rezago histórico, desde 2018 a la fecha, por la desaparición de los fondos extraordinarios que teníamos”.
La Anuies se reunió con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a fines de abril pasado, y de acuerdo a Cruz Chávez, los legisladores de todas las fracciones parlamentarias “simpatizaron con esta recuperación financiera de la universidades”, pues “habían revisado los números, habían hecho un análisis” de la situación financiera de estas instituciones.
Diversas universidades públicas estatales han tenido problemas para cumplir con sus obligaciones laborales y pagos de las cuotas al IMSS e Infonavit, incluso a fines del año pasado, rectores de algunas de ellas, acompañados por directivos de la Anuies, acudieron a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no contaban con recursos para cubrir los aguinaldos.
Crisis en la UAS
En medio del paro indefinido, iniciado el lunes pasado por trabajadores académicos y administrativos, Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) señaló que existe posibilidad de que el pago de la quincena adeudada y de la prima vacacional 2025 se realice en los primeros días de la semana que está por comenzar, tras haber ingresado solicitudes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ante esta posibilidad, el sindicato de esa casa de estudios advirtió que mantendrá el paro indefinido pese a posibles pagos de la quincena pendiente y parte de las prestaciones adeudadas y exigió a la Federación una “solución de fondo a la crisis financiera” de la institución, pues de acuerdo al gremio esto representaría sólo una “solución temporal” que no resuelve la problemática.
Samuel Castro Camacho, dirigente sindical de la sección Académicos, señaló que la exigencia principal del movimiento es que el gobierno federal cumpla con los compromisos asumidos para fortalecer las finanzas de la UAS mediante la asignación de recursos extraordinarios.
De acuerdo con la universidad, desde 2023 no recibe recurso extraordinario de la Federación, lo que ha abonado a su problemática financiera, la cual ha afrontado por medio de préstamos del gobierno sinaloense, cuyos vencimientos la han dejado ahora sin fondos.
Carolina Gómez Mena
Fuente: La Jornada