El proyecto de la magistrada Janine Otálora considera que el llamado del Presidente de la República es un riesgo, debido a que están en curso los procesos electorales en Coahuila y Estado de México.
La magistrada Janine Otálora Malassis propuso al pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto para revocar la determinación de la Comisión de Quejas y de Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que rechazó solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de solicitar el voto ciudadano en favor de los candidatos de su partido (Morena) en 2024 para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
El proyecto de la magistrada Otálora considera que el llamado del Presidente de la República es un riesgo, debido a que están en curso los procesos electorales en Coahuila y Estado de México, y máxime de que las conferencias de prensa del presidente López Obrador -dicho por él mismo- son un ejercicio de rendición de cuentas, más no para influir en la ciudadanía en ningún sentido.
El 13 de mayo pasado, por decisión mayoritaria de los nuevos consejeros del INE, Rita Bell López y Jorge Montaño, la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que las expresiones de López Obrador -en sus conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo-, se encuentran vinculadas con una posible reforma constitucional al Poder Judicial y con los porcentajes de integración de una nueva legislatura federal, y no con los procesos electorales locales que actualmente se llevan a cabo en el Estado de México y Coahuila.
Sin embargo, el proyecto de la magistrada Janine Otálora, que se resolverá en una sesión privada del pleno del TEPJF– establece que las declaraciones del primer mandatario implican “un riesgo, ya que dichas expresiones se realizan en las conferencias que son transmitidas por radio y televisión, que contravienen su naturaleza de transparencia y rendición de cuentas, y que se realiza por el titular del Poder Ejecutivo —jefe del Estado mexicano— quien tiene una representación protagónica en el marco histórico-social mexicano, dispone de mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta la totalidad de la administración pública, por lo que influye relevantemente en el electorado, cuando éste tiene prohibiciones debe tener especial cuidado en las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras transcurren procesos electorales”.
“De ahí que desde una perspectiva preliminar, los hechos denunciados relativos a las expresiones realizadas durante dos conferencias matutinas pudieran ser contrarios a las disposiciones constitucionales —ilícitos—, por ser contrarias a los principios que rigen los procesos electorales, entre otros, los de imparcialidad y neutralidad, principios que deben tutelarse durante la realización de dichos procesos; que tenía como finalidad prevenir una afectación en los procesos electorales que pudiesen viciarlos e incluso afectar su validez debido a que la conducta ilícita continúe o se repita, ya que son expresiones que pueden viciar los procesos electorales”, establece el proyecto.
“Se estima lo anterior, en virtud de que aparentemente se está en llamados a votar y no votar por determinados entidades políticas, por parte de un servidor público del más alto nivel, en las que se incluyen elementos e información de índole político electoral que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía en el marco del próximo proceso electoral federal y de los procesos electorales locales actualmente en curso, en tanto que se advierte el actuar sistemático de la conducta y que acredita el riesgo de que ésta puede seguir repitiéndose, sí resulta procedente el dictado de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva”, menciona el proyecto de la magistrada Otálora, el cual fue hecho público este miércoles.
En la reunión de la Comisión de Quejas del 17 de mayo, la consejera presidenta de la Comisión, Claudia Zavala Pérez, se pronunció en favor de las medidas cautelares al presidente, pues dijo que las expresiones del titular del Ejecutivo federal pueden ocasionar un daño irreversible.
Sin embargo, con el voto de Rita López y Jorge Montaño, la Comisión declaró improcedente ordenar el retiro parcial de la conferencia mañanera denunciada, toda vez que no se advirtió urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el proceso electoral federal dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año, aunado a que se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico.
Jorge Monroy.
Fuente: El Economista