El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se prorroga hasta el 31 de marzo del próximo año la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, los llamados autos chocolates.
Con ello se abre la posibilidad para que quienes poseen vehículos modelos 2017 y anteriores regularicen la situación de sus unidades.
El Ejecutivo federal precisó que la extension del plazo se debe a la “buena aceptación del programa, que opera desde octubre de 2021 y a que continúa la demanda de personas
que solicitan la regularización de vehículos usados adquiridos fuera del territorio nacional.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Rosa Icela Rodríguez, detalló que a través de ese programa han sido legalizados 2 millones mil 878 vehículos, en el periodo del 19 de marzo de 2022 al pasado día 28 de este mes.
La SPPC resalta asimismo que el gobierno general recaudó más de 5 mil millones de pesos, que se destinaron a la pavimentación de calles y avenidas en las entidades que participan de este mecanismo y que tienen un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.
Se trata de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo león, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas.
En el decreto, el presidente López Obrador destacó que, a través de ese programa que regulariza autos, camionetas y demás automotores que no estaban en el país de manera legal, se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía
y se contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de los vehículos para evitar que éstos se ocupen en la comisión de actos ilícitos
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El decreto presidencial que extiende el plazo para regularizar los vehículos de procedencia extranjera hasta marzo de 2024 fue signado también por los titulares de las secretarías de Hacienda, Seguridad Pública, Economía y Gobernación.
Andrea Becerril y Gustavo Castillo
Fuente: La Jornada