A pesar de que tendrán beneficios, los especialistas de la salud tienen obligaciones que desencadenan en acciones a las que no están de acuerdo.
Con 304 votos a favor y 101 en contra (en su mayoría de la bancada panista) y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados el dieron el sí a la reforma de la Ley General de Salud, específicamente en el apartado donde se habla sobre la denominada objeción de conciencia. Lo que se aprobó es modificar los dictámenes para regular este derecho que tiene el personal especializado en caso de llevar una práctica que vaya en contra de sus valores éticos, morales y religiosos.
Aunque su formación puedo influir en su decisión, queda estrictamente prohibido externar juicios valorativos que puedan manipular o dañar al paciente. De igual manera están obligados a informar a los pacientes sobre los padecimientos o tratamientos disponibles, esto con el objetivo de darle prioridad a la vida.
Foto: Cuartoscuro
Qué es la objeción de conciencia
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Nacional de Bioética, dicho concepto se entiende como la excepción individual que solicita el personal médico profesional dentro del ámbito de sus competencias, esto para no realizar un acto médico en el que exista un sustento científico, legalmente aprobado y jurídicamente exigible, esto al considerarlo incompatible con sus convicciones.
En los siguientes casos, de acuerdo con la dependencia, no aplica la objeción de conciencia.
- Si hay alto riesgo de dañar a la persona por negarle el servicio
- Antes de cualquier creencia debe imperar lo estipulado en la Constitución
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Por qué la comunidad médica se opone a la reforma
El pasado domingo 5 de noviembre, más de 60 asociaciones y decenas de profesionales de la salud, expresaron su rechazo a las reformas a la ley general de salud. El extitular de Salud, José Narro, declaró en entrevista con la agencia EFE que darle cabida a una iniciativa sin una consulta, sin escuchar la opinión de los médicos es un error.
El también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que la visión es atentatoria y peor aún si todavía se pretende castigar o imponer sanciones contra el profesional. Quien tiene que responder es la institución, ya que es ella la que está obligada a ofrecer los recursos necesarios para dar un servicio completo.
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Ante este panorama, la comunidad médica de México han hecho un llamado al Senado, donde se discutirá en los próximos días, para que se les incluya en los diálogos y en la discusición.
Alfonso Sotelo
Fuente: El Heraldo de México