Alvaro Aragón Ayala
Si la corrupción es contaminante y engendra más corrupción a una velocidad más rápida que decencia, la incorporación de Guillermo –“El Químico”- Benítez Torres como secretario de Turismo es obvio que ensuciará el gabinete estatal, generará desconfianza y continuará provocando inestabilidad política, socavando la institucionalidad formal en perjuicio del gobierno de Rubén Rocha Moya.
Benítez Torres “renunció”, sin renunciar, a la alcaldía de Mazatlán, al ser agarrado in fraganti ejercitando escandalosas actos de corrupción que despertaron la furia ciudadana y levantaron la voz de protesta de la sociedad. En proceso de fuga, el ex presidente municipal fue sumado al gobierno estatal amenazando con destruir las partes sanas de la administración rochista.
Es válido el argumento ético de que el abuso de poder y la impunidad son inmorales. “El Químico” Benítez” olvidó que quien ostenta el poder público no debe robar del presupuesto del pueblo o de los impuestos de la gente ni usar influencias para fines personales.
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El gobernador Rubén Rocha Moya tomó una decisión de alto riesgo al nombrar a “El Químico” Benítez secretario de Turismo. El ex alcalde cuenta con pésimas cartas credenciales: es corrupto, soberbio, prepotente, grosero, traidor, alcohólico y dado a la compra de caricias carnales con dinero público y pesan sobre él, hasta ahora, dos demandas de juicio político en el Poder Legislativo, y una querella en la Fiscalía General de Justicia.
La salida de “El Químico” Benítez de la presidencia municipal no despresurizó la crisis política en Mazatlán que genera un impacto político negativo en Morena ni sofocó la ira de los colectivos sociales que se unieron para exigir que el Congreso Local lo someta a juicio político y la Fiscalía de Justicia lo vincule a proceso por ladrón del erario público.
El pueblo ya emitió su veredicto: “El Químico” es culpable de latrocinio. Esa condena pública se le pegó en la piel. El Poder Legislativo y la Fiscalía están metidos en un brete: si blanquean el negro expediente del ex alcalde, la sociedad civil acusará de solaparle sus actos de corrupción y de protegerlo por consigna del Tercer Piso.
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En la toma de protesta como secretario de Turismo, el gobernador Rubén Rocha exhortó a “El Químico” Benítez a conducirse con honestidad y transparencia. Sin embargo, hay un refrán popular que encaja a la perfección en la conducta política de Benítez Torres: “Perro que come huevo, aunque le quemen el hocico”.
El gobierno municipal de “El Químico” Benítez se caracterizó precisamente por la falta de transparencia y de honestidad y por el uso de los recursos públicos como si se trataran de dineros propios, de él. Dejó una estela de corrupción y de señalamientos graves de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado.
LA CORRUPCION Y DERECHOS HUMANOS
La corrupción practicada por los funcionarios públicos implica una violación a los derechos humanos; lesiona los principios básicos de una democracia de igualdad de oportunidades para los ciudadanos. Colisiona, además, con el interés público.
Cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento institucional y conlleva a la consolidación de la impunidad, las garantías jurídico-constitucionales desaparecen por completo haciendo tambalear o desnaturalizando el Estado de derecho.
Las sociedades con gobiernos más corruptos son también las sociedades más laceradas por las violaciones a los derechos humanos. Es probable sostener que las prácticas de corrupción al más alto nivel, implican el apoyo de la estructura detrás y debajo del poder.