Madrid. El Tribunal Supremo de España suprimió ayer el derecho a voto a los descendientes de españoles que adquirieron la nacionalidad gracias a la llamada “ley de nietos”, aunque vivan en España, al tiempo que ratificó la suspensión del derecho al sufragio a los nacionalizados bajo esta ley que residen en el extranjero, medida que aprobó en octubre de forma cautelar afectando a 163 mil 300 personas, entre ellos a quienes residen en México y otros países.
El gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, promulgó en 2022 la “ley de nietos” para reconocer la nacionalidad a los descendientes del exilio provocado por la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975). Estos ciudadanos españoles no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
Los magistrados españoles pidieron a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo que garanticen las medidas necesarias para impedir el voto de los beneficiados por dicha ley, pero excluyeron a 901 personas que acreditaron su arraigo vía certificación consular, y que pudieron demostrar una vinculación de sus abuelos al colectivo de exiliados por la guerra y la dictadura.
Esta medida se adoptó a raíz de una denuncia presentada por el partido de ultraderecha Vox, que alegó que la “ley de nietos” no se aplicaba con rigor en algunos de los consulados con más población descendiente del exilio español en América Latina, como México, Argentina y Colombia.
Tras revisar los documentos oficiales de la Cancillería, un informe al Instituto Nacional de Estadística y los expedientes de los 163 mil beneficiados, los magistrados consideraron que no había quedado acreditada, en la mayoría de los casos, la vinculación directa de sus familiares con el exilio, por lo que suspendió su derecho al voto, en una decisión duramente criticada por el gobierno y los partidos de izquierda.
El Tribunal Supremo consideró que existía “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral” con esas nacionalizaciones.
Armando G. Tejeda, Corresponsal
Fuente: La Jornada
