Con el propósito de que las necesidades de casas dignas sean vistas como un problema y exigir que se cumpla el artículo 4 constitucional del acceso a la vivienda, la Coordinadora Estatal por los Derechos Humanos, la Vivienda y las Reservas Territoriales iniciará una campaña masiva de socialización, así lo anunciaron los dirigentes del movimiento.
Activistas de la Coordinadora realizarán foros regionales en el norte y sur del estado a fin de recoger las peticiones y necesidades de las personas sin hogar, el 29 de abril se reunirán en Guasave, el 6 mayo en Mazatlán, el 13 de mayo en Los Mochis y el 21 de mayo en Culiacán.
Oscar Loza Ochoa, defensor de los derechos humanos, señaló que han solicitado una audiencia con el Gobernador Rubén Rocha Moya en varias ocasiones para exponer las necesidades de las personas sin hogar, misma que ha sido denegada. Dada la respuesta, para el lunes 17 de abril tienen programada realizar una manifestación en Palacio de Gobierno
“Consideramos que las cosas no pueden seguir así, por esa razón nosotros estamos planteando asistir a Palacio de Gobierno el próximo lunes, van a venir de Guasave, de Mazatlán y de Culiacán con el fin de solicitar la audiencia que estamos planteando”, informó Óscar Loza Ochoa.
Son 432 mil viviendas las que hacen falta en Sinaloa para solucionar el problema habitacional, informaron los activistas, razón por la que las invasiones y asentamientos irregulares van en aumento.
“Mientras tanto conocemos de 38 invasiones en la ciudad de Mazatlán demandando vivienda y aquí en Culiacán hay decenas de invasiones en Aguaruto, en Valle del Agua, la 21 de marzo, en varias partes, pero no hay una atención”, señaló Loza Ochoa.
Recientemente, el Gobierno del Estado instauró el Consejo Estatal de Vivienda, donde participan organismos e instituciones públicas y privadas a fin de atender y satisfacer las necesidades de las personas que no tienen hogar.
Sin embargo, en este consejo los representantes de movimientos y asentamientos irregulares no fueron invitados a participar. Por otro lado, hay procesos penales en contra de personas sin hogar por ocupar terrenos privados o casas abandonadas.
“Queremos pedirle de manera muy concreta al Gobernador que en lugar de judicializar los casos se vean como un problema social y que sea el poder ejecutivo el que atienda este tipo de problema”, expresó el activista.