Recomendaciones de CNDH a INM y a Comar por abusos de autoridad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), una de ellas por expulsar del país a una mujer hondureña poniendo en riesgo su vida, a pesar de que acreditó su estancia legal en México bajo condición de refugiada.

En la otra, el organismo acreditó violaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad, al debido proceso, así como a la libertad personal y de tránsito cometidas por al menos 11 servidores públicos del INM adscritos a la oficina de representación en Querétaro, quienes retuvieron, aseguraron y trasladaron indebidamente a dos ciudadanos cubanos, a pesar de que contaban con una situación migratoria regular.

En la Recomendación 163/2023, la CNDH señaló que la víctima, de 35 años de edad, al ser obligada a volver a su país de origen, fue separada de su familia residente en Nuevo León, por lo que el INM transgredió su derecho a la unidad familiar y vulneró el principio del interés superior de la niñez de sus tres hijas.

Respecto a los cubanos, la comisión refirió que la queja fue presentada por una de las víctimas y en ella se detalla que el 22 de octubre de 2022 se dirigía a Ciudad Juárez, Chihuahua, en compañía de un consanguíneo para recoger las cenizas de otro familiar; sin embargo, fueron detenidas en Querétaro y trasladadas contra su voluntad a Oaxaca.

En otro mandato, la CNDH solicitó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) la reparación integral para un migrante que recibió tratos crueles e inhumanos, además de discriminación en la delegación en Tapachula, Chiapas.

La Comisión documentó en la Recomendación 162/2023 que un extranjero, quien tramitaba su solicitud para recibir la condición de refugiado, sufrió la vulneración de su derecho a la integridad y seguridad personal, ya que fue forzado a desnudarse por parte de un servidor de la Comar adscrito en esa entidad. Los hechos ocurrieron en enero de 2020.

En todos los casos el organismo pidió a las instituciones la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas y proceda a la reparación del daño.

Fuente: La Jornada