Buenos Aires. El presidente Javier Milei anunció su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual redujo la cantidad de ministerios de 18 a nueve: Relaciones Exteriores, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Interior, Salud, Infraestrutura y Capital Humano, con lo que desaparece una importante cantidad de secretarías y sin duda contribuirá al deterioro de las instituciones.
El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades es una de las tantas que están ahora bajo el mandato de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, sin ninguna experiencia previa. Capital Humano incorpora además lo que hasta el domingo pasado eran las carteras de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social.
Karina Milei, la hermana del mandatario, es la secretaria general de la Presidencia. El resto de ministerios –Ciencia e Innovación, Medio Ambiente, Turismo y Deporte, entre otros– serán absorbidos por otras carteras.
El ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasa a llamarse solamente de Justicia, y su titular será el juez Alberto Julio Baños, quien había sido criticado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, porque estaba cargo de la investigación sobre la de-saparición de un oficial de policía de la ciudad de Buenos Aires, Arshak Karhanyan, por lo que debía separar a esta institución de investigar los hechos, ya que era precisamente el centro del problema.
El agente, de 28 años, desapareció en febrero de 2019, después de que se le vio hablando con otro policía que le hizo escuchar un mensaje. El comportamiento de la policía de la ciudad fue objetado, ya que a pesar de que se les entregó los celulares del joven, perdió todos los datos periciales, no respondió por qué no funcionaron todas las cámaras del lugar de la desaparición y otra serie de graves irregularidades.
El encubrimiento era evidente y la familia solicitó que se cambiara la pesquisa por desaparición forzada
, lo que tanto el juez Baños como la fiscalía rechazaron. Por esta razón, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos había pedido el apartamiento del juez que ahora será titular de Justicia en remplazo de Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos durante la pasada dictadura.
Los interrogantes en este caso son demasiados y hay sectores que señalan las presiones del Personal Militar Asociación Civil, que había enviado una carta a Milei para pedirle cerrar Derechos Humanos, a la que acusan de ser responsable de los juicios a genocidas y que ellos llaman de la venganza
.
También, como los militares condenados por crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura militar piden que se acabe la política de Memoria, Verdad y Justicia, el lema clave de los organismos de derechos humanos en este país, que encabeza la lucha contra la impunidad, por lo cual ha sido reconocido en el mundo.
De esta manera el juez Baños queda al frente de esa política y de los Centros Clandestinos de Detención que son claves para la conservación de la memoria y de los cuales desaparecieron alrededor de 30 mil víctimas de la dictadura y también se ocupa de la violencia policial e institucional.
Esta decisión marca un camino escabroso para las políticas de derechos humanos, que se une a la incertidumbre y el desasosiego como sostiene el economista, Ricardo Aronskin en una nota en Página/12, quien analizó el discurso de Milei considerando que no fue un análisis económico, sino una pieza publicitaria
.
“El objetivo del discurso es presentar un panorama dantesco lo suficientemente aterrorizante para decir que no queda otra opción que el ajuste o el shock, mientras la situación económica del país de ninguna forma justifica un shock con un conjunto de medidas profundamente recesivas como las que se están pesando tomar, muchas pertenecientes al terreno de la fantasía, como 15 mil por ciento de inflación”, explicó.
Milei efectuó ayer su primera reunión de gabinete, y resolvió restricciones operativas que afectaron el mercado cambiario. Este martes se darían a conocer las primeras medidas económicas. Pero las perspectivas son muy graves para la población.
Stella Calloni, corresponsal
Fuente: La Jornada