La anunciada propuesta presidencial de que los consejeros del INE y magistrados de la Sala Superior del TEPJF sean electos por los ciudadanos a través del voto directo y secreto generó reacciones encontradas entre exconsejeros electorales.
Me parece que lejos de simplificar el sistema electoral que tenemos (…) lo que vamos a superponer es otro proceso electoral”.
María Marván Laborde, exconsejera electoral del INE.
La anunciada propuesta presidencial de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos por los ciudadanos a través del voto directo y secreto generó reacciones encontradas entre exconsejeros electorales.
Ayer, en conferencia, el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador anunció que después del próximo 10 de abril, fecha en que se realizará la consulta sobre la Revocación de su Mandato, presentará ante la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral.
Adelantó que su propuesta consiste en que cada uno de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presenten listas de 20 “ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad”; es decir, “60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres”.
En la actualidad los consejeros del INE son electos por los votos de dos terceras partes de los diputados federales y los magistrados electorales son electos por dos terceras partes también de los senadores de la República.
Para María Marván, consejera electoral federal entre 2011 y 2019, la propuesta del presidente podría resultar costosa además de que haría aún más complejo el sistema electoral mexicano.
“Me parece que lejos de simplificar el sistema electoral que tenemos (…) lo que vamos a superponer es otro proceso electoral”, dijo.
Opinó que “los funcionarios electorales y los magistrados electorales no tienen que asumir que representan a los ciudadanos, su función no es ni puede debe ser representar a la ciudadana.
“Su función es, de los consejeros electorales, organizar las elecciones y, de los magistrados electorales, resolver los problemas jurisdiccionales que se crean en el proceso electoral”.
Añadió que sería un “gravísimo error” pensar que avanza la democracia mexicana al llevar estos puestos a elección popular.
Cuotas políticas podrían continuar pese a cambios
Por su parte, el exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim afirmó que la propuesta es “interesante” porque implica un “cambio radical” en el método de integración de los órganos electorales, a reserva de conocer la iniciativa de reforma constitucional de manera integral.
El proyecto anunciado, dijo, “podría llevar al fin de esta repartición entre los partidos políticos, de dos consejeros para ti y tres para mí, como ya sabemos que ha venido ocurriendo”.
Pero también cuestionó: “Si esto es así, ¿quién nos garantiza o cómo le vamos a hacer para que esta repartición de consejeros no se repita a la hora de integrar las candidaturas de quienes serán finalmente consejeros y magistrados”.
De ahí que consideró necesario conocer los detalles de la propuesta presidencial. “El diablo está en los detalles. Pero en principio me parece interesante, viable, un cambio radical”.
A pregunta específica sobre si la reforma electoral anunciada tiene que pasar necesariamente por la renovación del Instituto Electoral y el TEPJF, respondió que “lo cierto es que en las reformas electorales trascendentes en el país generalmente el órgano electoral no ha quedado indemne, prácticamente salen los que están como están para integrar al nuevo Consejo General y a la nueva Sala Superior”.
Sobre la negativa de los partidos de oposición en el Congreso de la Unión a una reforma electoral que incluya cambiar a los consejeros y magistrados, y más si se pretende hacer de manera directa por los ciudadanos, como propone el presidente López Obrador, dijo que es natural que se opongan.
“La oposición no quiere porque es preferible tener el poder de las cuotas y continuar con el cuotismo; es natural, está bien que la oposición se oponga, pero vamos viendo cómo es la propuesta integralmente. Finalmente habrá que ver si mediante la negociación normal en toda iniciativa, provenga de donde provenga, se puede llegar a acuerdos”, comentó.
Instituciones sesgadas
Desde el punto de vista de Fernando Dworak, experto en temas legislativos, el anuncio presidencial es una más de sus “ocurrencias”.
“Se trata de puestos que tienen que ser eminentemente técnicos y deberían funcionar en el interés del sistema de partidos en su conjunto, no de agendas partidistas”.
Analizada con detenimiento la propuesta, aseguró, “generaría órganos electorales mucho más politizados y sesgados al gobierno”. (Con información Héctor Molina)
Rolando Ramos
Fuente: El Economista