A más de un año de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, su aplicación sigue en el limbo a pesar de la polémica votación de la Corte que la mantuvo con vida, lo que mantiene en la incertidumbre a privados y a la misma CFE, que se beneficiaría de los cambios.
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en 2015 para desintegrar verticalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e implementar un mercado energético en el que la única actividad reservada para el Estado era la transmisión de energía (aunque se podía contratar terceros para la construcción de infraestructura), fue modificada en 2021 para fortalecer a la estatal eléctrica por encima de los privados. Los cambios, que pasaron por señalamientos de inconstitucionalidad desestimados por la Suprema Corte, hoy se encuentran suspendidos por el amparo de un tribunal, en espera de la revisión y sentencia del Colegiado. Mientras tanto, todos pierden, particularmente la certidumbre jurídica del país, afirmaron especialistas.
Los cambios a la LIE que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en febrero del 2021 como iniciativa preferente que fue aprobada por ambas cámaras en pocas semanas, incluyeron la modificación a ocho artículos y cuatro transitorios, que en contenido destacan la modificación al orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como solar, de privados.
En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación (como una licencia de conducir, que toda persona en México tiene derecho a obtener si la solicita) ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados.
También se obligará al regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.
Los amparos
Entonces, más de 250 empresas se ampararon y se suspendió la entrada en vigor de la nueva LIE. Luego, la Comisión Federal de Competencia Económica, por un lado, interpuso una controversia constitucional ante la Corte por considerar que se violentaba sus atribuciones; la oposición a la mayoría de Morena y sus aliados en ese entonces entre los diputados, además de gobiernos estatales, enviaron también acciones de inconstitucionalidad al considerar que los cambios detenían el desarrollo del país.
La inconstitucionalidad obtuvo el voto de cinco ministros, y aunque la mayoría, seis, la defendieron, no fueron el número calificado que se requería para este cambio así que se desechó este recurso. Pero hace unas semanas, nuevamente el juzgado de distrito especializado en competencia económica otorgó una suspensión al acto, ahora de carácter general, que aplica no sólo a quienes se ampararon sino a todos los involucrados, hasta la sentencia.
A decir de la experta en derecho energético, Miriam Grunstein, parece que la batalla la han ganado las empresas, pero sin la votación colegiada nada es definitivo.
“La que gana es la inseguridad jurídica en el país”, afirmó la especialista, “serán los tiempos del poder judicial los que definan la ruta, pero para derogar los cambios, se necesitaría otra reforma a los artículos reformados en el Congreso, el presidente haría un papelón y aunque sería bueno para los inversionistas, sería una reiteración de que institucionalmente estamos hechos pedazos, lo que habla muy mal de la gobernanza y las reglas del país”.
Mientras que para Víctor Ramírez Cabrera, de la Plataforma México Clima y Energía, en los hechos la reforma no está sirviéndole al gobierno para nada porque no se está aplicando pero está generando un impass regulatorio.
“A quien beneficia es al menos eficiente que es la CFE que sigue operando con plantas que por mérito económico deberían de dejar de operar”, dijo, aunque reconoció que muchas empresas que seguían en el régimen legado de autoabasto (con supuestos socios que en realidad son clientes que provocan acusaciones de ilegalidad del gobierno), han migrado al mercado mayorista.
Existe la posibilidad de una salida fácil que resultaría conveniente para el Ejecutivo: se pueden derogar los cambios a esta Ley y así llegar a la negociación sobre las consultas a las violaciones al T-MEC con el primer punto por el cual el gobierno estadounidense acusa al mexicano de obstruir las operaciones de sus empresas en el país, lo cual facilitaría las negociaciones antes de llegar a un panel internacional. Pero aún no hay nada seguro, afirmó Ramírez Cabrera.
Karol García
Fuente: El Economista